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El urbanismo imposible – Por Hugo Luengo

Valorar las dificultades que hacen imposible el ejercicio del Urbanismo en Canarias centra el objeto de este artículo, junto a la conciencia de que ello es consecuencia de una equivocada administración del mismo. Confluye a su vez en Canarias el hecho de encontrarnos en territorios fragmentados, hiperurbanizados, dada la naturaleza de sus densidades poblacionales y al tiempo con unos valores naturales que en relación al turismo y la residencia nos colocan ante el hecho de un fenómeno complejo, que exige un nivel de respuesta acorde a ello. Además se dan dos circunstancias que incrementan la complejidad, el haber desarrollado el sistema legal más complejo de España, incluso hay quien defiende esta complicación como virtud, y el carecer de objetivos, el principal servir al ciudadano. Tal es así que el ejercicio de la acción política en este campo viene en Canarias siendo obstruido por el juego de los partidos, dedicados a complicar las soluciones y no a buscar sus remedios. En un momento de crisis como la actual, con las dificultades en el campo económico, el ejercicio del Urbanismo requiere coordinación y la acción conjunta de todos a favor del ciudadano.

Ello produce un sistema altamente intervenido, opuesto al que venimos defendiendo en esta columna, donde debe primar la “libertad y seguridad jurídica”. Al encontrarnos sin ella, es imposible desarrollar sistemas en libertad y se generan problemas de corrupción y falta de transparencia. Su consecuencia añadida es la judicialización. Defendemos un sistema sencillo, claro, de igualdad ante la ley, transparente y con seguridad jurídica. La falta de confianza, otra expresión de lo mismo. Atraer al inversor de cualquier escala, exige ir por la línea contraria a la actual. Para darle respuesta lo hacemos en tres actos.

Acto Primero: el marco europeo y estatal

En Canarias no hemos querido entender el proceso de liberalización de servicios, surgido del tratado de Lisboa de 2006 y de la Legislación de Liberalización de Servicios, la Bolkenstein, desarrollada a su vez en varias leyes básicas en la línea de unificar y simplificar procedimientos. Ello hubiera exigido atender tres condiciones, reordenar competencias urbanísticas, bajo el principio de subsidiaridad, esto es la administración más cercana, un tema que no se quiere abordar en Canarias y que las últimas leyes centralizan en la Autonomía. No se integran los contenidos ambientales con el Urbanismo, para empeorarlo se han separado en consejerías y partidos distintos, Urbanismo y Medio Ambiente, que si queremos simplificar deben estar unidos. Y en tercer lugar asumir la liberalización de servicios, que esencialmente traslada responsabilidades al promotor y consagra los principios de acto comunicado y del silencio positivo. Los desarrollos legislativos canarios van frontalmente contra ellos.

Acto segundo: el marco autonómico y municipal

La posición contraria en la Autonomía al proceso de liberalización, que implica simplificar y unificar normativas a nivel regional, no es visto como necesario. Dos casos a analizar, la última Ley de Armonización y Simplificación, enero de 2015, incumple las tres condiciones del acto primero. Se formula en contra de la opinión de todos, cámaras de Comercio, Fepeco, CEOE, Asaga, colegios profesionales, etcétera. Con toda la sociedad civil en contra, se complican aún más las tramitaciones. La misma Ley de Turismo y sus cuatro modificaciones sucesivas se formulan desde una visión equivocada. Bajo el pretexto de la protección ambiental, lo que se defiende son mercados cautivos de Islas, sectores económicos, administraciones y/ o partidos. La complicación administrativa viene ligada también a la justificación de los incrementos impositivos de nuestras voraces administraciones.

Acto tercero: la sociedad civil

Es aquella para la cual no trabajan nuestras administraciones. La aparente paradoja responde al hecho de que, llegada la crisis, se acentuó le realidad de un gasto público inasumible, y que se traslada al Urbanismo con un nivel de intervención excesivo, donde no se puede actuar con libertad y seguridad jurídica y donde gestiones propias del ámbito privado no se permiten u obstaculizan. Recuperar el papel activo de la sociedad civil, hacer el Urbanismo posible desde abajo, trasladar cuantas acciones sean posibles a su ámbito, están en los objetivos de una acción urbanística necesaria. Canarias precisa un Urbanismo que sea posible, humanizado, esto es, al servicio del ciudadano, recuperar el principio de utilidad. Al tiempo que bajar impuestos y crear oportunidades y empleo. Ahí el Urbanismo se hará posible.