En este mismo diariohablamos en días pasados bajo el título del Urbanismo Imposible, de las dificultades que encuentra éste en su desarrollo en Canarias, que cifrábamos en tres actos, en el marco europeo y estatal, en el marco autonómico y municipal y, finalmente, en la sociedad civil. Hoy completamos la tesis centrados en el problema del control judicial de la gestión urbanística, también ésta bajo una lectura de optimista nato, convencido que el problema es abordable, claro está desde la voluntad de querer resolver los problemas, también según sostenemos aquí dirigido al servicio del ciudadano.
Hemos desarrollado tal maraña administrativa, en el caso canario en mayor medida que en el resto de España, que el urbanismo, como decíamos, se hace imposible. La crisis económico-inmobiliaria, ha elevado el nivel del conflicto al ser menos los medios. Con el proceso normativo de liberalización de servicios también, se ha complicado el tema, al actuar sobre el marco de distribución competencial del Estado y las Comunidades Autónomas. Ello ha elevado el nivel de complejidad, de manera que ha convertido el campo del urbanismo en una carrera de obstáculos, muchas veces con deserción del promotor y/o inversor, o simplemente con la congelación al inicio de iniciativas, derivadas de la inseguridad de la que se parte.
Con la crisis también, el urbanismo ha tenido que atender los problemas de remodelación de áreas centrales, que precisan cambios de uso, para habilitar usos comerciales, turísticos y/o terciarios. Que razonablemente precisan modificación de parámetros urbanísticos, cambios de uso y/o edificabilidad, para que sean económicamente viables, lo que exige cambios del planeamiento vigente, modificaciones y/o revisiones de plan, con las compensaciones que exige la propia ley. Toda esta complejidad se traduce en la práctica en que cualquier iniciativa acaba siendo revisada ante los tribunales de justicia, convirtiéndose éstos de facto, en una fase más de la gestión urbanística.
A este problema de judicialización Administrativa-civil en el ámbito urbanístico, se suma a su vez la judicialización penal del proceso urbanístico. El cual viene a desajustarse, por anticiparse éste a la resolución administrativa del procedimiento y convirtiéndose por ello también en fase de gestión urbanística.
Nos encontramos entonces con tres ámbitos de decisión administrativa, Estado, autonomía y ayuntamiento, y dos judiciales, la administrativa-civil y la Penal, en el ejercicio de las tramitaciones urbanísticas. Esta situación está lastrando gravemente la seguridad jurídica de los procedimientos, al no permitir prever plazos y contenidos y con ello como señalábamos, espantando al inversor y/o promotor.
Cualquier política general dirigida a dinamizar la actividad inversora en Canarias, pasa por desbloquear la situación administrativa del suelo de soporte, la más complicada hoy en el ámbito de España. Para reducir la judicialización del urbanismo, es preciso adaptarla a los tiempos, generar un sistema de mayor libertad y seguridad jurídica; lo contrario de lo que tenemos. Hacer leyes claras, sencillas, transparentes, de uso directo por parte de los vecinos. El cambio de la realidad social y política se refleja asimismo en los próximos procesos electorales, donde el poder aparece más repartido.
Buena medida para luchar contra la corrupción y por ello contra la judicialización del urbanismo. Ello exigirá también el cambio de mentalidad de los partidos, más dedicados hoy a impedir el éxito de contrario que a procurar el beneficio de todos. Lealtad institucional en un cambio de tiempos que obligan a resolver. Crear oportunidades para todos y con ello potenciar el empleo.
*Arquitecto y Urbanista.
Miembro de la candidatura del CCN al Ayuntamiento de Santa cruz