POLÍTICA>

El 24M, primera prueba de fuego para la ‘nueva’ Televisión Canaria

Grabación de un programa informativo en los platós de la RTVC ubicados en el polígono de El Mayorazgo, en la capital tinerfeña. | DA
Grabación de un programa informativo en los platós de la RTVC ubicados en el polígono de El Mayorazgo, en la capital tinerfeña. | DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

La Radio Televisión Canaria (RTVC) estrena esta semana nuevo director, Santiago Negrín, y nuevo modelo de gestión, con la creación de tres consejos, uno rector, que tomará posesión el martes, y otros dos órganos consultivos, uno asesor y otro de informativos, que se constituirán no antes de seis meses.

Con una nueva ley que pretende asegurar la “independencia, la transparencia y la objetividad” del canal público con respecto al Gobierno regional, atrás quedará ya la etapa en la que ha dirigido la RTVC Guillermo García, objetivo en esta legislatura de las críticas de PP y NC, la oposición parlamentaria, y en ocasiones por el PSOE, socio de gobierno de CC, al reprocharle falta de transparencia en su gestión.

García, nombrado a dedo por el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, y en los últimos años ya sin quórum en el consejo de administración por vacantes no repuestas, ha esgrimido los altos índices de audiencia como principal logro de su gestión.

La toma de posesión de Negrín y los otros cuatro consejeros (estos últimos no cobrarán sueldo sino dietas) se produce en plena precampaña electoral y a apenas 19 días de los comicios autonómicos y locales, por lo que las miradas están puestas en ellos tras las críticas que la oposición ha hecho a García al acusarle de imponer una línea informativa pro Rivero. El nuevo director, propuesto por CC, era hasta ahora jefe de informativos en la SER Canarias, es licenciado en Filología Inglesa y Periodismo, y ha ejercido de jefe de prensa del Parlamento, con Antonio Castro, y Presidencia del Gobierno canario, con Adán Martín.

La Cámara regional lo nombró a fines de marzo en votación secreta con 52 votos a favor y tres en blanco, los de NC. Antes, el pleno parlamentario, también por el mismo sistema, aprobó la composición del consejo rector, con los mismos apoyos y tres en contra, también los de NC, que ya había anunciado su disconformidad con una de las aspirantes, María Lorenzo, propuesta por el PSOE por sus vínculos, ahora indirectos (asegura haber vendido sus acciones y renunció a su puesto directivo), con Canal 8, propiedad de su familia. Los otros tres rectores de la RTVC son María Antonia Álvarez (fue avalada por CC); María José Bravo de Laguna y Alberto Padrón, a propuesta del PP, y este último en sustitución del candidato inicial, Juan Santana, que no gozó del apoyo de PSOE y NC por ser militante del PP y haber trabajado durante las últimas dos décadas para gabinetes de prensa de este partido o de organismos públicos presididos por los populares.

La nueva ley, además de incidir en la transparencia, objetividad e independencia que deben inspirar este medio como servicio público, se propone generar sinergias en la producción audiovisual de las Islas, creando oportunidades de negocio y empleo.

Dentro de su estructura organizativa, el consejo rector tendrá un mandato de seis años, aunque dos de sus miembros deberá renovarlos el Parlamento dentro de tres, por mayoría de dos tercios o, en su caso, de tres quintos. Hay que subrayar que todos los miembros de este órgano deberán dimitir si los gastos del canal público aumentan el 15% con respecto a lo presupuestado o si los ingresos propios disminuyen más del 20% sobre lo previsto para una anualidad. En el plazo de seis meses el consejo rector deberá aprobar un reglamento orgánico, a raíz del cual habrá otros seis meses para crear los otros órganos. El consejo asesor estará formado por 26 miembros sin remuneración (en representación del Gobierno y el Cabildo, patronales, consumidores y usuarios, sindicatos, comunidad educativa, universidades, empresas audivosuales y el propio personal del canal) así como un consejo de informativos, para los trabajadores de la RTVC, con el fin de velar por la independencia de su labor.

Especial importancia da la ley a que en las contrataciones se respeten los principios legales de publicidad,concurrencia, transparencia,igualdad y no discriminación, dado que este ha sido uno de los aspectos más cuestionados de la gestión de esta empresa pública.

La nueva RTVC, pues, ya está lista para salir al aire: el resultado de estos cambios se verá.

Novedades legales
Principios. La nueva ley de la RTVC establece, entre otros principios, los de garantizar una información objetiva, veraz e imparcial; facilitar el debate y la participación democráticas; promover la identidad, valores e intereses del pueblo canario; la proyección exterior de Canarias; promover el conocimiento de las artes, la ciencia, la historia, la cultura, la educación y el patrimonio cultural canario y promover el español de Canarias y el uso de lenguas extranjeras.

Consejo rector. Cinco miembros, incluido el director, elegidos por mayoría parlamentaria de dos tercios o, en su caso, tres quintos, con mandato de seis años y renovación de dos o tres consejeros cada tres años.

Consejo asesor. 26 miembros en representación del Gobierno canario (7), los cabildos (7), los sindicatos mayoritarios (2) y el más representativo en la plantilla de la RTVC (1); las organizaciones empresariales (2), la industria cultural, audiovisual y periodística (3), los trabajadores del medio (1), Consejo Escolar de Canarias (1), universidades públicas (1) y consumidores y usuarios (1).

Consejo de informativos. Será el órgano de participación de los profesionales del ente público y sus sociedades para velar por su independencia, objetividad y la veracidad de los contenidos.

Pluralismo. La ley obliga a que en la programación se exprese la pluralidad social, ideológica, política y cultural de la sociedad canaria.

Contratación. La RTVC y sus sociedades se ajustarán a los principios de la Ley de Contratos del Sector Público.

Explotación privada. Se prevé la opción de convocar concurso público para la explotación privada de determinadas franjas horarias o programaciones puntuales.