Las agresiones físicas a funcionarios públicos en los sectores de sanidad y educación de Canarias, lejos de disminuir, siguen en escalada bochornosa. Claro que pueden producirse desencuentros, discusiones, diferencias de criterio entre pacientes y profesionales sanitarios, como entre profesores y alumnos o familiares de alumnos; es normal porque la convivencia civilizada no siempre aporta ese tono sosegado y pacífico, sobre todo si existe una acusada disparidad de pareceres. Lo que no resulta lógico es que cualquier desavenencia, no importa el asunto ni el grado del antagonismo, conduzca a la agresión o la acometida, a veces con tal violencia que requiere de cuidados médicos e incluso de hospitalización, como ha sucedido la madrugada del domingo al lunes en el servicio de urgencias del Centro de Salud de Añaza. Nada puede justificar una agresión; ni siquiera el comportamiento altanero y chulesco o el eventual incumplimiento de sus obligaciones -que esta vez no es el caso- por parte de cualquier empleado público. Para ello existen procedimientos reglados a fin de reclamar o denunciar los hechos que se consideren delictivos, ilegales o injustificados. Los comportamientos desaforados deben recibir la inevitable sanción administrativa o, en su caso, penal si no queremos que las consultas médicas o las dependencias escolares se conviertan en campos de batalla para solventar por la vía menos apropiada los problemas que puedan suscitarse. Desde diciembre de 2009 en Canarias rige un protocolo de actuación para estos casos fruto del convenio de colaboración firmado por las consejerías de Sanidad y Educación con la Fiscalía de la comunidad autónoma, de tal modo que las posibles agresiones son consideradas delito o falta de lesiones e incluso delito de atentado. Se trata de perseguir y castigar las conductas atípicas para poder salvaguardar así la dignidad de los empleados públicos, algo imprescindible para el mejor ejercicio de sus responsabilidades. Si dicho acuerdo no resultara suficiente o eficaz, lo lógico sería actualizarlo y, en la medida de lo posible, aplicar las mayores sanciones a quienes infrinjan la legalidad y ataquen a los funcionarios. Todo, menos que los responsables se vayan de rositas tras perpetrar sus fechorías.