Mientras se cumple el cuarto aniversario del movimiento ciudadano amparado en el 15-M, cuyo principal heredero político activo es Podemos, y la campaña electoral avanza sin pausa hacia su cita con las urnas del próximo domingo, el accidente del gigantesco avión de transporte Airbus 400M trae de cabeza al Gobierno español, que esos días despliega una actividad febril ante las cancillerías europeas y ante los gobiernos de distintos gobiernos con los que se habían comprometido intenciones de venta de dicho aparato.
Es mucho lo que se juega nuestro país en este proyecto de la división militar del consorcio europeo Airbus, con sede central en Francia y dirección a cargo del ingeniero Fernando Alonso, ya que España es la encargada de ensamblar, en la factoría de San Pablo (Sevilla), todas las piezas o partes del más moderno avión de transporte militar del mundo. El aparato ha sido encargado por ocho países -Alemania, Bélgica, Francia, Luxemburgo, Malasia, Reino Unido, Turquía y la propia España- mediante una participación financiera que hasta el momento supera con creces los 30.000 millones de euros, frente a los 20.000 millones inicialmente previstos.
De esta cantidad, España ha reconocido un compromiso de deuda de 5.819 millones de euros hasta 2029 por el coste inicial de la compra de 27 aparatos -de los cuales se propone vender 13 a países terceros-, a los que habrá que sumar la nueva contribución acordada por el pasado Consejo de Ministros en el contexto de los 19 grandes programas de armamento actualmente en curso por parte del Ministerio de Defensa, entre los que se incluyen, además del mentado avión Airbus, el caza de combate Eurofighter, el vehículo blindado Pizarro, el helicóptero Tigre y el misil anticarro Spyke. Según el Gobierno, se trata de programas que “han sido y son fundamentales para la modernización de las Fuerzas Armadas, que disponen de capacidades a la altura de las necesidades de la defensa nacional y de los compromisos de España con sus socios y aliados, y con el sistema de mantenimiento de la paz y la seguridad mundial”.
El avión y las sospechas
Al aprobarse la participación de Madrid en “el más ambicioso programa de la industria aeronáutica europea”, se anunció que supondría para España la creación de 6.000 puestos de trabajo y la inicial participación de 800 empresas, que en una segunda fase podrían llegar a 1.200. La participación nacional se realiza a través de la empresa EADS Construcciones Aeronáuticas, del grupo EADS, y junto al diseño y fabricación del estabilizador horizontal del avión y de diversas tareas tecnológicas, nuestro país acoge, en las instalaciones de esa empresa en Sevilla, la línea de montaje final de los A 400M y el centro de entrega a cliente, así como el montaje de los aviones militares C-212, C-235 y C-295.
España participa con el 4,12% en el consorcio Airbus Group, integrado por las firmas Aerospatiale-Matra, francesa, Daimler Chrysler, alemana, Aerospatiale y Alenia, italianas, y la Sociedad Española de Propiedades Industriales (SEPI). Se trata de la segunda empresa militar europea, tras la inglesa BAE Systems, y de la segunda del mundo, detrás de Boeing, con una facturación que supera los 60.000 millones de euros. El programa tiene comprometida la venta de 174 aviones pero espera alcanzar la cifra de 400 siempre que se resuelvan los problemas de la cadena de producción, diversos fallos e “ineficiencias” detectados a lo largo del proceso, no pocos sobrecostes -que han elevado el importe de cada unidad hasta 160 millones de euros- y un retraso considerable en las entregas, además de la caída en desgracia de varios directivos.
El A 400M es el avión militar de hélice más grande del mundo. Su proyecto constructivo se inició en 2003, el vuelo inaugural en 2009 y en 2013 se entregó la primera unidad a la Fuerza Aérea francesa. El aparato mide 45 metros de largo por 15 de alto, pesa 80 toneladas, lo mueven cuatro motores de hélice de 11.000 caballos y es capaz de trasladar 30 toneladas de carga, un hospital móvil con 66 camillas o 166 soldados a 6.000 kilómetros de distancia, sin repostar. Según el fabricante, toda la estructura del avión es sometida a prueba y se miden hasta 40.000 parámetros y 200.000 indicadores antes de salir de la línea de vuelo y dejarlo preparado para la realización del primer despegue. El aparato que se estrelló en Sevilla realizaba el último vuelo de prueba antes de su entrega al ejército turco. El nuevo modelo militar del fabricante europeo es capaz de efectuar misiones tácticas, estratégicas y de avión cisterna; puede aterrizar en pistas simples de 750 metros de longitud.
Desde instancias francesas y, sobre todo, alemanas, se culpa a España del presunto “fallo técnico masivo” del aparato estrellado, aunque todo está pendiente de la investigación en curso y de lo que digan las cajas negras. El reciente relevo de la cúpula directiva de la sección militar de Airbus y de su máximo responsable, Domingo Ureña, que dio paso a Fernando Alonso, no han despejado el horizonte de dudas y el duro golpe que puede recibir este proyecto europeo, que trata de reemplazar al veterano avión norteamericano Hércules, operativo desde los años 50 en casi todas las fuerzas militares del mundo occidental, entre ellas España, y al C 160 Transall. El análisis de las cajas negras del avión perdido en Sevilla determinará las posibles causas del accidente y su incidencia en el programa de fabricación, las eventuales rectificaciones, la evolución de los pedidos firmes o pendientes de negociación, etc. Si no casa el argumentario técnico, puede estar en el aire el futuro de este gran avión, del que 12 unidades están ya operativas.
Retos pendientes
Pero junto a este proyecto, la industria militar española, que factura más de 25.000 millones de euros al año y da trabajo a unas 22.000 personas de alta cualificación, tiene en marcha otros de especial importancia como la construcción y venta de aviones de tipo menor a Méjico, Ghana y Chile, submarinos a Malasia, portaaviones a Australia, fragatas y embarcaciones menores a media docena de países, además de componentes electrónicos, productos de alta tecnología, pistolas, municiones, etc. Airbus Military (antes EADS-Casa), Navantia e Indra figuran entre las cien empresas militares más importantes del mundo según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (Sipri).
En este contexto, la Ley de Defensa Nacional, la Estrategia de Acción Exterior y, sobre todo, la Directiva de Defensa Nacional consideran que la primera contribución de España a la paz y seguridad internacional no es otra que preservar la propia con fortaleza y decisión, para lo cual hay que “garantizar las capacidades que aseguren la disuasión ante las que tradicionalmente se han denominado amenazas no compartidas”. También se trata de propiciar la “necesaria cooperación multinacional (UE y OTAN especialmente), que exige la realización de operaciones que agrupen de forma integrada instrumentos militares y civiles”, así como atender debidamente “los compromisos adquiridos de los programas principales de armamento” y “la capacidad de la industria de defensa para favorecer su competitividad y la generación de empleo”. Más allá de neutralismos y desarmes hoy impensables, lo que en el fondo se plantea es la exigencia de impulsar la industria nacional de la defensa, como suministradora principal de las Fuerzas Armadas y como posible motor de empuje que contribuya a la recuperación económica.
Las turbulencias existentes en el ámbito internacional, los cambios estratégicos globales, los nuevos fenómenos terroristas y la inestabilidad creada en zonas antes normalmente tranquilas, como el Norte africano y el Sahel, hacen cada vez más necesaria una Europa de la defensa y la colaboración militar como paso previo para la Unión Europea de Defensa, complementaria con la OTAN y con capacidad autónoma para actuar más allá de sus fronteras, y la posterior creación de un posible ejército europeo, en línea con las recomendaciones que sobre intereses comunes ha aprobado el Center for European Policy Studies de Bruselas.
La colaboración de las industrias militares en proyectos multilaterales para la mejor defensa del entorno de seguridad común y los intereses europeos, junto a la más adecuada utilización de sinergias y capacidades, forma parte de ese sentido de unión que se sugiere para la defensa europea, que en última instancia va a depender de la voluntad política de los 28 países miembros de la UE y de la necesidad de contar con una voz única en el concierto internacional.