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Canarias y el Estado, sin acuerdo aún sobre 18 leyes y competencias

Paulino Rivero y Mariano Rajoy
Foto de archivo de Rivero y Rajoy, durante una de sus reuniones, en el Palacio de la Moncloa. / DA

VICENTE PÉREZ | Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno de Canarias que forman CC y PSOE y el Ejecutivo estatal del PP mantienen diferencias en al menos 18 leyes y competencias. En buena parte de estas materias siguen abiertas las negociaciones, y en cinco casos las conversaciones formales se cerraron sin acuerdo. Los órganos en que se debaten estas cuestiones son la Comisión Mixta de Transferencias y la Comisión Bilateral de Cooperación, en los que sí ha habido entendimiento en al menos cuatro conflictos.

En asuntos competenciales, hay abierto aún procesos negociadores para intentar resolver las diferencias. En concreto, sobre la compensación a Canarias por la supresión del Impuesto General sobre el Tráfico de Empresas (IGTE), el Impuesto sobre los Depósitos Bancarios (tributo que el Ejecutivo estatal impidió que lo aplicaran las comunidades autónomas) y el traspaso, pedido por Canarias, de la gestión de los aeropuertos de interés general ante la privatización parcial de AENA, entre otras cuestiones.

La Ley de Vivienda y la de Acción Exterior del Estado, entre los litigios judiciales

No han prosperado negociaciones en las que el Gobierno canario reclamaba para la comunidad autónoma competencias sobre función pública inspectora, ordenación y gestión del litoral (la Administración estatal alega que sería inconstitucional) y políticas activas de empleo. También hay desacuerdo sobre pretensiones estatales en relación con funciones y servicios de la Seguridad Social en materias educativa, de empleo y de formación profesional así como la asunción de la competencia en cuanto al profesorado de Religión (hay predisposición del Gobierno regional siempre que se sitúe en un contexto conjunto de los traspasos solicitados).

En la Comisión Bilateral de Cooperación el Ejecutivo que preside Rajoy ha expresado su disconformidad total o parcial con algunos aspectos de leyes autonómicas, como la que regula la Prestación Canaria de Inserción, la de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida la de modificación del Patrimonio Histórico de Canarias, y, más recientemente, el decreto que regula la instalación y explotación de parques eólicos en las Islas.

Parte de esta conflictividad ha acabado o acabará en los tribunales. Es el caso de la modificación de la Ley de Vivienda de Canarias, más conocida como Ley antidesahucios, suspendida cautelarmente por el recurso del Gobierno de la nación, y que preveía expropiación temporal de pisos a bancos e inmobiliarias para que familias desahuciadas no se quedaran en la calle. Por su parte, el Gobierno canario ha recurrido la ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado y también puede acabar ante el Constitucional la ley estatal de medidas urgentes para el crecimiento de la competitividad.

En cambio, hay entendimiento sobre la ley canaria de educación no universitaria y la de no discriminación por razón de género, e igual camino llevan la ley de medidas tributarias, administrativas y sociales de Canarias, así como la de Armonización y Simplificación sobre Protección del Territorio y Recurso Naturales.