TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El caso Corredor, un proceso judicial que se llegó a considerar como fundamental para la decisión de los ciudadanos canarios en las recientes elecciones autonómicas al figurar como imputado el candidato de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, se queda en simplemente el caso Evaristo, ya que el empresario de la noche lagunera del mismo nombre (Evaristo González) será probablemente el único contra el que continúen las acusaciones de la Fiscalía por esta causa. En total se ha pasado de hasta 45 imputados en enero pasado a que, en breve, el juzgado anuncie que sólo González (y quizás algún otro) mantiene tal condición en relación con un supuesto fraude millonario a la Seguridad Social.
La causa de semejante adelgazamiento procesal se debe, como es sabido, a los errores cometidos por los responsables de la instrucción de este caso, que motivaron la anulación de unas escuchas telefónicas sin las que las acusaciones carecen de base alguna. En concreto se trata de una prórroga de dichas escuchas que una jueza (Matilde Flores, ahora destinada en Sevilla) presuntamente se olvidó (en el mejor de los casos, claro) de incluir en los tomos judiciales como resulta preceptivo.
Ello ya acarreó que, como no podía ser de otra manera ante semejante irregularidad procesal, tanto Clavijo como otros destacados personajes de la vida política y social de La Laguna (entre ellos varios concejales más) fueran exonerados.
Ahora, un nuevo auto del Juzgado de Instrucción Número 1 de la Ciudad de Los Adelantados amplía la anulación de las escuchas correspondientes al intervalo transcurrido entre noviembre de 2010 a octubre de 2011, una medida que afecta directamente a un total de 15 imputados, entre los que se encuentra el propio Evaristo González.
A la espera de un nuevo auto que mida con exactitud las consecuencias inmediatas de esta nueva anulación de escuchas telefónicas, la jueza (que hace suya la solicitud previa del Ministerio Público en tal sentido) adelanta que la causa seguirá contra Evaristo González, tanto en relación con el ya comentado presunto fraude contra la Seguridad Social como por “varios delitos en el ámbito patrimonial, contra el patrimonio y el orden socioeconómico de los previstos en el Título XIII del Código Penal y otros conexos, tales como falsedad documental y contra la administración de Justicia”.
Sin embargo, especialistas conocedores de este caso ven poco futuro a todo lo que no sea la primera acusación, ya que a su juicio el resto de acusaciones no tendrán base suficiente como para llegar al juicio oral, y citan como ejemplo una inminente decisión de la Audiencia Provincial sobre la reconstrucción de pruebas llevada a cabo.