EUROPA PRESS | Santa Cruz de Tenerife

Comisiones Obreras Canarias ha exigido a los partidos que concurren a las próximas elecciones autonómicas y locales un programa integral de protección social articulado en torno a la vivienda, la renta mínima de inserción y la recuperación de los niveles de inversión en el bienestar.

El coordinador de la dirección provisional de CCOO Canarias, Antonio Pérez, cree necesario un compromiso con el desarrollo de un plan específico sobre vivienda protegida, rehabilitación y alquiler social, así como la adopción de medidas a favor de las familias canarias en casos extremos.

Estas medidas pasan por el reconocimiento de una renta mínima de inserción que abarque a todas las personas que no reciben ningún tipo de prestación, cubriendo a las más de 50.000 unidades de convivencia (más de 150.000 personas) que no perciben ningún tipo de ingreso.

Según Antonio Pérez, el nuevo Gobierno de Canarias debe aprobar, en los primeros meses de legislatura, la propuesta de ILP, que promueve CCOO junto a organizaciones sociales, sobre la Renta Básica.

También reclama la recuperación progresiva, a partir de los próximos presupuestos de los cabildos y corporaciones locales, de los niveles de inversión y de gasto perdidos desde 2009, lo que debe suponer un aumento del gasto público destinado a las políticas sociales y a la recuperación del estado de bienestar.

El coordinador sindical afirma que esto permitiría garantizar los recursos presupuestarios suficientes para asegurar que todas las prestaciones sean cubiertas, eliminando las listas de espera, y añade que estas medidas deben complementarse con el desarrollo de un sistema de atención a las personas dependientes y de una Ley de Servicios Sociales.

REFORMA FISCAL

La financiación de estas medidas, apunta Antonio Pérez, puede conseguirse a través de una reforma fiscal que tenga como objetivo incrementar la recaudación hasta la media de la UE y una campaña de apoyos de cara a conseguir flexibilizar los plazos para la reducción del déficit.

Asimismo, ve preciso un nuevo modelo de financiación autonómica más justo, utilizando la capacidad normativa de la Comunidad Autónoma en materia fiscal para aumentar los ingresos de una manera más progresiva y redistributiva.

Finalmente, aboga por un plan de lucha contra el fraude fiscal para impedir que se produzca la evasión de impuestos por parte de las grandes fortunas, y conseguir a través del mismo el afloramiento y regularización del empleo proveniente de la economía sumergida.