Partidos políticos, organizaciones ciudadanas, dirigentes públicos, profesores universitarios, sociólogos y gentes de toda condición, en este caso a través de las redes sociales, se manifiestan estos días contra las normas electorales vigentes en Canarias desde 1996, probablemente las más injustas del mundo occidental por la desigualdad que producen en el valor del voto. Reclaman su urgente revisión a la vista del clamoroso atropello que supone la traducción a escaños de los resultados de los comicios del domingo. Hasta el presidente del Gobierno en funciones, Paulino Rivero, se ha sumado a la iniciativa cuando ha dispuesto de 8 años para poder llevarla a la práctica, lo que revela el cinismo de sus manifestaciones, algo que es trasladable a PP y PSOE, cómplices también de una situación arbitraria que no supera los mínimos democráticos del sistema. Porque una cosa es fijar un porcentaje corrector que premie el voto de las islas periféricas, para que no se sientan discriminadas, y otra caer en un exceso que desvirtúa por completo las esencias mismas de la democracia. No es normal que un voto herreño valga 17 veces más que el tinerfeño o el grancanario. O que el 84% de los 926.275 votantes elija a 30 parlamentarios y los otros 30 los escoja el 16% restante, o sea, 142.114 electores. Entre los efectos distorsionadores de la Ley D’Hondt en las pequeñas circunscripciones insulares, la fijación de las desproporcionadas barreras electorales del 6% regional y del 30% insular y la aplicación de la llamada triple paridad, el sistema democrático queda gravísimamente afectado en su pluralidad política y con un déficit de representación sin precedentes. Gracias a él, CC obtiene 18 diputados -con una prima del 15%-, por 15 el PSOE y 12 el PP, pese a que este último tiene casi 4.000 votos más que los nacionalistas y 15.000 más los socialistas, en tanto Ciudadanos, con 54.000 sufragios, queda fuera del Parlamento, al que accede el partido ASG, con apenas 5.000 votos. Con estos antecedentes, el nuevo Ejecutivo que salga de las recientes elecciones autonómicas debería acometer de inmediato la reforma del sistema electoral canario mediante su inclusión en el programa de Gobierno y el inmediato envío a la cámara legislativa del oportuno proyecto de ley. Es un clamor.