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Un conflicto inaceptable – Por Leopoldo Fernández

El conflicto suscitado por el tinerfeño Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) con el estatal Instituto Geográfico Nacional (IGN) a cuenta de la presunta ocultación por éste de unos datos sobre sismicidad en la isla de Tenerife en 2010 y en otras tres fechas desde el pasado verano, vuelve a revelar las diferencias de forma y fondo entre miembros de ambos organismos. Existen medios muy explícitos para solventar las posibles discrepancias; lo que no debe ocurrir, como en este caso, es poner públicamente en cuestión toda la actividad del órgano responsable del control y la difusión de información del programa de vigilancia volcánica de las Islas. Esas dudas pueden suscitar la legítima preocupación de una ciudadanía confundida y desconfiada por la ausencia de un buen entendimiento institucional. Si eso ocurre en una situación de normal actividad sísmica y volcánica, ¿qué podría ocurrir en momentos de dificultad o emergencia? Estamos ante un asunto grave. Y, lo que es peor, llueve sobre mojado porque las discordias y los antagonismos, personalizados en su día en Nemesio Pérez, por Involcan, y Juan Carlos Carracedo, por el IGN y el CSIC, han llegado a un punto de lamentable colisión y rivalidad. Sería muy grave la ocultación deliberada -si en realidad fuera así- de información, y en tal sentido resulta necesaria una explicación por parte del Instituto Geográfico. Pero constituye una ligereza inaceptable atribuir intencionalidad maliciosa al silencio sobre algunos datos científicos, así como retirar luego a Canarias del comité científico del Plan de Protección Civil y Atención por Emergencias de Riesgo Volcánico. Desde al menos 2004, las Islas aspiran a tener competencias sobre materias sísmicas y volcánicas, pero no han logrado un acuerdo con el Estado, que prefiere aplicar -lo cual es muy discutible- parámetros políticos idénticos en todo el territorio nacional, cuando se trata de un asunto esencialmente científico. Con todo y con eso, la mesura, la prudencia y el leal entendimiento institucional deberían formar parte del paisaje diario. En Madrid como en Canarias, autoridades y responsables de estos temas deben trabajar en beneficio de los ciudadanos y de la mejor protección de sus intereses, en lugar de tirarse los trastos a la cabeza.