economía >

Desalojar una casa okupada puede costar hasta 3.000 euros

Imagen de una vivienda okupada. / DA
Imagen de una vivienda okupada. / DA

M. F. | Santa Cruz de Tenerife

El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife se ha mostrado muy preocupado con la proliferación de la okupación de complejos de viviendas vacías, especialmente en el sur de la Isla. La situación por la que estas personas, familias en algunos casos, se instalan en dichas viviendas se debe a que han sido desalojados de su vivienda habitual al no tener recursos para pagarla.

Siendo conscientes del drama, también hay que tener en cuenta que el propio Tribunal Constitucional ha anulado la ley antidesahucios de Andalucía, que permitiría la expropiación de viviendas, sobre todo de los bancos, por parte de la Junta andaluza.

Por este motivo el Colegio quiere informar de lo que cuesta desalojar y recuperar una vivienda okupada. Se trata de un procedimiento “largo y costoso, que puede suponer a los legítimos propietarios de 600 a 3.000 euros y entre uno y dos años de tiempo, debido al procedimiento judicial que hay que emprender por un delito de usurpación de la propiedad, en el caso de una segunda residencia o que esté vacía; o de allanamiento de morada, si se trata de la primera vivienda o domicilio habitual de la persona”. El problema empieza en el momento en que se cambia la cerradura de la vivienda, explicó Francisco Hernández, administrador colegiado y vocal de la Junta de Gobierno del CAF de Tenerife, “puesto que si no ha ocurrido esto valdría con denunciar y demostrar con la escritura del inmueble ante la Policía que se es el legítimo propietario, para que se persone y desaloje a los ocupantes”. Pero lo habitual es que los okupas cambien la cerradura, con lo cual se debe emprender un procedimiento judicial que distingue entre primeras y segundas residencias o la vivienda vacía.
En el primer caso existe un delito de allanamiento de morada y puede conllevar hasta dos años de prisión, siempre que no haya habido violencia; y en el segundo, de usurpación, que se resuelve con multas.

No obstante, el procedimiento puede ser aún más complejo por otros delitos añadidos, puesto que en viviendas vacías los okupas a menudo enganchan luz o consumen agua que no ha sido dada de alta, y a veces producen daños a la propiedad o a las zonas comunes.