TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife
El tribunal que decidirá sobre la suerte de más de 2.000 aspirantes a 229 plazas de enfermería en el Hospital Universitario de Canarias cerró ayer el plazo extra para presentar impugnaciones ante los errores detectados en el mismo y, según fuentes del propio centro hospitalario, tiene previsto reunirse esta misma semana para adoptar las decisiones pertinentes sobre el caso, que van desde la poco probable convalidación del mismo tal y como se celebró a una repetición del mismo que, si bien algunos desean, tampoco parece en la agenda original de los responsables de la prueba.
El pronóstico más ajustado apunta a la anulación de las preguntas con fallos más clamorosos, aunque los denunciantes sostienen que son tantas que amenazan a la suerte del propio examen.
Los hechos que nos ocupan se remontan incluso a la etapa anterior del HUC, cuando aún estaba adscrito al Cabildo de Tenerife y no había formalizado su integración en la red del Servicio Canario de Salud. Fue en 2007 cuando se aprobó la oferta pública de empleo para estas 229 plazas de Enfermería que, obviamente, se cubrían de forma interina por muchos de los que ahora aspiran a formalizar su puesto laboral tantos años después.
Cuando se supo que, ocho años después, al fin tendría lugar el examen, la expectación en el sector resultó considerable y se inscribieron unos 4.000 aspirantes, aunque finalmente sólo se presentaron el pasado 9 de mayo poco más de 2.000 personas.
Nada más terminar la prueba comenzaron las quejas, que han sido lideradas por el sindicato de Enfermería Satse, cuyo secretario general en Canarias, Leopoldo Cejas, atendió ayer a este periódico.
“Faltas de ortografía, dobles respuestas admisibles, algunas palabras cambiadas, otras no inteligibles, preguntas incompletas… El rosario de quejas que nos han llegado ha sido interminable -explica Cejas- y por eso nos decidimos desde un primer momento a dar la cara por nuestros afiliados que se ven envueltos en este asunto”.
Si el examen se celebró el día 9 sábado, el mismo lunes día 11 ya presentaba Satse un escrito “a la Gerencia del HUC para que el gerente, como presidente del Tribunal Calificador, dispusiese la publicación del cuadernillo de examen, ya que los errores existentes en él, y que serían motivo de impugnación, difícilmente podrían ejercitarse sin conocimiento exacto de las preguntas”.
Sorprendentemente, es en este punto cuando el asunto se atasca y empieza a adquirir la dimensión actual. Fuentes consultadas por este periódico recuerdan que no es la primera vez que una de estas pruebas carece del rigor necesario parcialmente y que lo normal es tomar medidas correctoras, como por ejemplo la anulación de las preguntas donde resulte más obvio que se han cometido errores.
Pero el tribunal “se ha enrocado” (en ajedrecística descripción del propio Cejas) y se niega a publicitar el contenido del examen, lo que provoca la indefensión de los afectados, según los servicios jurídicos de Satse.
Como no podía ser de otra manera, la negativa ha degenerado en la proliferación en las redes sociales de un examen que algunos afectados identifican como el del pasado día 9, “lo que alimenta aún más las sospechas sobre una posible filtración previa del mismo”, asegura el representante sindical.
La denuncia de Satse en los medios de comunicación tuvo como respuesta declaraciones del propio gerente del HUC, Ignacio López, que aseguró el pasado día 15 en Teide Radio que se revisaría el examen y se anularían las partes incorrectas.
Convocada una reunión entre las partes el pasado día 18, no hubo anulación de preguntas impugnadas sino apertura de ese plazo extraordinario para reclamar, el que finalizó ayer.
Fuentes del HUC explicaron ayer que será esta semana cuando se adopte la decisión definitiva sobre el caso, pero Cejas sostiene que las preguntas que presentan claros errores son entre 10 y 12, lo que supone más del 10% del total del examen, “motivo suficiente para invalidarlo totalmente”.
Mientras tanto, más de 2.000 afectados siguen a la espera de saber su futuro laboral.