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Geografía e Historia – Por Leopoldo Fernández

El Gobierno autonómico va a introducir, a partir del próximo curso y con carácter obligatorio -una hora de clase a la semana-, la asignatura de Geografía e Historia de Canarias para el alumnado de cuarto curso de la ESO. Se pretende que los estudiantes conozcan mejor las señas físicas, culturales e históricas que dan forma a la identidad isleña, un noble objetivo ecuánime y prudente. No es cuestión de nacionalismos excluyentes o de soberanismos oportunistas a la catalana, que ignoran la historia común y la manipulan a su antojo; la pura verdad es que no se puede entender y amar lo más propio y cercano si antes no se conoce bien, de ahí que el consejero José Miguel Pérez haya actuado con buen tino, dentro de las competencias que le son propias con arreglo a la Lomce, según la cual el Gobierno central puede fijar hasta el 75% de las enseñanzas mínimas obligatorias, correspondiendo el resto a la capacidad de decisión del Ejecutivo autonómico. En este caso, la introducción de una asignatura no troncal pero específicamente canaria -cuyos contenidos se imparten hoy de forma transversal- no supone la desaparición de la que, con igual denominación, se dedica al conjunto nacional español del que Canarias es parte y que obviamente también es conveniente que se conozca. Por lo demás, la progresiva aplicación de la Lomce en las Islas incorpora disciplinas de interés como una segunda lengua extranjera, Educación para la Ciudadanía y Prácticas Comunicativas y Creativas.

El Gobierno autonómico, muy crítico con la Lomce, afirma que la aplica por imperativo legal aunque no la comparte, para tratar de mantener la estabilidad del sistema educativo y del profesorado, potenciar la coherencia entre los distintos niveles de enseñanza y prevenir el absentismo en las aulas y el abandono escolar. Se trata de objetivos muy loables, pero no son menos los que persigue la controvertida Ley Wert -séptima escolar de las aprobadas sin consenso en democracia-, como la implantación de reválidas y de evaluaciones externas en cada etapa educativa para mejorar el sistema, el adelanto de los itinerarios hacia la Formación Profesional, la especialización y autonomía de los centros, la elección de asignaturas optativas desde tercero de la ESO, la flexibilidad del aprendizaje, etc.