EUROPA PRESS | Las Palmas de Gran Canaria

El Gobierno de Canarias ha acordado este jueves solicitar dictamen al Consejo Consultivo sobre el proyecto de decreto para regular el procedimiento de retención del 2 por ciento de los pagos pendientes a las entidades del sector público de la comunidad que incumplan con el deber de facilitar a la Audiencia de Cuentas la información que le requiera para la fiscalización de su gestión.

Esta retención, según explicó el portavoz del Gobierno regional, Martín Marrero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, finalizará una vez que las entidades acrediten que han colaborado finalmente con el órgano fiscalizador.

La medida se aplicará a los organismos autónomos y empresas públicas adscritas o participadas por el Gobierno de Canarias, así como a los ayuntamientos, cabildos y mancomunidades, a las universidades públicas, y a cualquier otro ente que reciba fondos de los presupuestos de la administración autonómica.

En cuanto al procedimiento señalan que se iniciará a petición de la Audiencia de Cuentas que dará un plazo de 15 días a la entidad que no cumpla para atender sus requerimientos sobre la correcta remisión de información y documentación. Posteriormente, transcurrido ese periodo sin ser atendidos, instará a la Tesorería de la comunidad autónoma a retener el 2 por ciento de los pagos que puedan corresponderle.

La resolución la ejecutará la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad, que contará con tres días para hacer efectiva esa retención sobre los pagos en firme, los que estén en fase de ordenación o sobre los futuros abonos que se prevé realizar a la entidad incumplidora. La retención se cancelará cuando la Audiencia de Cuentas comunique que el ente ha aportado la información requerida, procediéndose a liberar la totalidad de los pagos pendientes.