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El Gobierno envía al Consultivo el decreto de viviendas vacacionales

DIARIO DE AVISOS | Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno de Canarias acordó ayer solicitar un dictamen urgente al Consejo Consultivo sobre el proyecto de Decreto por el que se aprueba el reglamento de las viviendas vacacionales en Canarias. Tras meses de trabajo conjunto con las asociaciones, agentes del sector e instituciones, el Ejecutivo regional ha culminado un documento que garantiza el desarrollo de esta actividad en las Islas.

De hecho precisamente el miércoles, la plataforma en defensa del alquiler vacacional se quejaba de que este documento no hubiera salido ya, teniendo en cuenta que las elecciones están próximas.

Entre las modificaciones incluidas en el decreto, con respecto al inicial, se encuentra el cambio de denominación de estas viviendas que, en un principio, se denominaban viviendas de uso turístico, pero que ha sido sustituido por el de viviendas vacacionales. Además, el proyecto recoge, de forma más precisa y a petición de las asociaciones y de los cabildos insulares, cuál es el ámbito territorial en el que puede desarrollarse la actividad, quedando excluidas las edificaciones que se encuentran dentro de las zonas, áreas o ámbitos turísticos destinadas a uso turístico.

Aunque en un primer momento el proyecto de Decreto especificaba que era necesaria la autorización de la comunidad de propietarios, finalmente ha quedado establecido que no será necesaria dicha autorización, si bien, tal y como establece el artículo 11, “cuando se trate de viviendas sometidas al régimen de propiedad horizontal, sólo podrán comercializarse como viviendas vacacionales aquellas en las que expresamente no se prohíba dicha actividad por los estatutos de la Comunidad. Otro de los aspectos recogido en el proyecto se refiere a la declaración de responsabilidad por parte del explotador. Además, “la publicidad, oferta y gestión de las viviendas vacacionales se ajustará a las exigencias de veracidad, objetividad y buena fe”. En Canarias viven de esta actividad más de 53.000 familias que al encontrarse en un “limbo legal” se enfrentan a multas que oscilan entre los 18.000 y 60.000 euros.