el dardo >

Privatizaciones – Por Leopoldo Fernández

Ha pasado casi desapercibida una sentencia, a mi juicio de muy especial interés, dictada por el Tribunal Constitucional a propósito de la introducción de la gestión privada en varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. Tras años de centenares de mareas blancas en forma de manifestaciones y protestas; de acusaciones infundadas; y de declaraciones demagógicas, politizadas hasta el exceso y falsas de toda falsedad, el alto tribunal ha puesto las cosas en su sitio y declarado -por unanimidad de sus miembros- que tal medida privatizadora se ajusta a Derecho y es plenamente constitucional. Medio centenar de senadores socialistas habían presentado el correspondiente recurso y organizado un ruido mediático de tomo y lomo asegurando, contra toda lógica, que tal acuerdo suponía la privatización de la sanidad cuando ésta seguía siendo tan pública como siempre. Tampoco viola esa práctica el artículo 41 de la Constitución, ya que el aseguramiento de la población y la prestación del servicio no pierden su carácter público -igual que en el caso de AENA-, ni llevan aparejada ninguna desigualdad en la asistencia que reciben los ciudadanos de la comunidad madrileña. Por su demostrada eficiencia y más bajo costo, el contrato de gestión de determinados servicios públicos es una práctica que se ha extendido entre los países de nuestro entorno, sin que ello presuponga variación en la titularidad del mismo, atribuida en exclusiva a la Administración. El Constitucional considera en este caso que la Carta Magna “no exige que el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social requiera necesariamente y en todo caso un sistema de gestión pública directa”. No se puede demonizar, como se hace, la gestión privada de algunos servicios, como no se debe exaltar por sistema la bondad de la gestión pública. Lo importante es que la fórmula de prestación de cualquier servicio resulte sobresaliente y que los desembolsos que lleve consigo sean los menos gravosos para los intereses de los ciudadanos. La atención a cementerios, la recogida de residuos urbanos, el cuidado de parques y jardines, la vigilancia de dependencias oficiales, la limpieza y otros muchos servicios está pasando a manos de contratistas privados. Se trata de puro pragmatismo, no de ideología.