En agosto de 2011, un Consejo de Ministros extraordinario aprobó en Italia un duro Plan de ajuste, con vigencia hasta 2013, de 45.500 millones de euros, que vino a unirse a un Plan anterior de 79.000. El nuevo Plan incluyó una subida de impuestos generalizada y recortes significativos en el gasto público, con medidas administrativas tan drásticas como la supresión de 36 provincias y la fusión de 1.500 municipios. Francia ha implementado acciones equivalentes y Portugal igualmente ha hecho sus deberes, con subida del IVA incluida. En definitiva, durante los últimos años países como Alemania, Grecia y Portugal, junto con Italia, han reducido el número de sus municipios y de otras unidades administrativas independientes como parte de sus medidas de ajuste.

La fusión municipal italiana tiene para nosotros un particular interés por ser la más significativa. Una de nuestras -muchas- asignaturas pendientes es nuestro excesivo -y disparatado- número de municipios, cada uno con su moción de censura, su cuestión de confianza y su concejalía de Urbanismo, salvo excepciones en los municipios de Concejo Abierto y algunos más. Una fuente incesante de caciquismo, de transfuguismo y de corrupción que ningún Gobierno de la democracia se ha atrevido a atajar. Igual que ninguno se ha atrevido a sacar adelante una ley reguladora del derecho de huelga. Tengamos en cuenta que, según el padrón municipal de 2010, de los 8.116 municipios españoles que entonces existían (ahora son ya 8.122 por culpa de las incesantes segregaciones), solo 397 tienen más de 20.000 habitantes, 1.062 cuentan con menos de mil, 2.759 con menos de quinientos y 1.041 con menos de cien. ¡Casi 5.000 municipios españoles no llegan a los mil habitantes! Un auténtico monumento a la ineficiencia y al despilfarro. Muchos Ayuntamientos españoles, además, son meras agencias de contratación de obras y servicios, que en demasiados casos son facturados por encima de su coste real, exceso que sirve para financiar al partido o al político de turno. No es extraño, entonces, que el Partido Popular se haya unido al PSOE en repetidas ocasiones para declarar que no ve necesario reducir el número de municipios. ¡Cómo van a reducir tan productiva fuente de financiación ilegal! ¡Cómo van a plantearse una medida equivalente con las inútiles Diputaciones Provinciales! Y nos preocupa que las formaciones políticas emergentes, que se autocalifican de rupturistas y renovadoras del sistema, no hayan incluido estos compromisos en lugar preferente de sus programas electorales.

Además de la financiación ilegal de los partidos y el enriquecimiento personal delictivo de los políticos, se suelen indicar dos factores más como responsables de la resistencia de los partidos políticos españoles a dar por terminada la atomización local que sufrimos. En primer lugar, la pérdida de poder que implicaría la medida en función de la implantación partidista en cada territorio, porque la proliferación de municipios difiere entre unas Comunidades y otras. Y en segundo, el temor a reavivar e implicarse en rencillas y enfrentamientos entre localidades cercanas, a veces muy arraigados en la historia de cada pueblo y en la tradición de los vecinos, con la consiguiente pérdida de apoyo electoral.

Durante el segundo franquismo, su época tecnocrática de desarrollismo autoritario, se adoptaron medidas técnicas muy beneficiosas para nuestra economía y nuestra gestión pública. La ley de procedimiento administrativo que se elaboró entonces, por citar un ejemplo, es casi insuperable técnicamente y no ha sido superada por su sucesora. Pues bien, una de esas medidas fue un plan sistemático de comarcalización y de fusiones municipales que, después, la democracia abortó. Al contrario, ahora se crean con gran facilidad municipios nuevos por segregación de otros (El Pinar), salvo cuando concurren intereses económicos y partidistas inconfesables (Tejina), y los nacionalistas, una vez más, se convierten en enemigos de los deseos de su pueblo. Fue -es- uno de los grandes errores de nuestra transición y de nuestra democracia, que repudiaron en bloque y sin distinción todo lo hecho por la dictadura franquista, y aplicaron aquello tan español de que, por principio, todo lo ideado e implementado por los que estuvieron antes es negativo y hay que eliminarlo. Y es negativo y hay que eliminarlo por la sencilla razón de que no lo hemos llevado a cabo nosotros. Así funcionan aquí las relaciones entre políticos, incluso del mismo partido: lo primero que hace el que llega es destruir la obra de sus predecesores. Excepto Rajoy, del que, meses antes de su victoria electoral, ya adelantábamos en uno de estos artículos dominicales que, si por fin vencía, era muy probable que no se atreviera a hacerlo.
Más allá de las mancomunidades o de la gestión conjunta de servicios, que han fracasado en su inmensa mayoría o ni siquiera se han llegado a aplicar, no encontramos ningún programa electoral en el que una candidatura se comprometa a promover la fusión de su municipio con otros para alcanzar un tamaño poblacional razonable y racional; en el que una candidatura se atreva a plantear esta propuesta a sus potenciales electores. Y no lo encontramos porque nos tememos que no existe tal programa. Si algún amable -y curioso- lector encuentra alguno, le rogamos que nos lo haga llegar. Y que nos envíe las papeletas correspondientes.