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Propuestas para el derecho a la vivienda – Por Pedro Fernández Arcila

El Ayuntamiento de Santa Cruz contará con la propiedad de más de mil viviendas una vez se ultimen los trámites para la liquidación del denominado Patronato de la Sociedad Benéfica de La Candelaria, organismo prácticamente extinto que se creó hace más de cincuenta años y en el que estaban integrados, entre otros, los ayuntamientos de La Laguna y Santa Cruz. Si a estas viviendas, finalmente en propiedad, le sumamos los más de tres millones de euros que, según datos de la entidad Viviendas municipales, ha generado el alquiler de estos inmuebles en los últimos años y que permanecen en las cuentas de esta sociedad municipal, el Ayuntamiento contaría con un importante capital para reinvertir y potenciar políticas públicas en materia de viviendas.

La primera decisión que habría de adoptar sería crear el patrimonio municipal del suelo e integrar estas viviendas en este registro público. De esta manera lograremos abrir el espacio para que el Ayuntamiento pueda intervenir de manera decisiva en el mercado inmobiliario, justamente en el momento que es más preciso potenciar desde lo público políticas que garanticen el derecho a la vivienda, visto el desplome y descomunal crisis que generó el sistema anterior, basado casi en exclusiva en la gestión privada, con especuladores, promotores y entidades financieras como actores.
Una vez realizado estas primeras actuaciones, tenemos que tomar la decisión de destinar parte de aquellos tres millones, obtenidos del alquiler, a la adquisición de pisos, de titularidad de los bancos o fondos de inversión, construidos pero desocupados. Para este cometido deberá fijarse precios que tengan en cuenta la utilidad pública que representa, en la situación actual, adquirir estos inmuebles, lo cual es incuestionable dada la demanda social de miles de familias que reclaman en nuestro municipio este derecho básico. También es procedente evaluar los ingresos que pueda generar la venta de una parte de las viviendas del extinto patronato entre aquellos inquilinos que lo deseen, estableciendo unos precios donde prime el interés municipal por obtener buenos ingresos que permita destinarse a más patrimonio público. Esto nos permitirá más recursos financieros que sólo podrán reinvertirse, al formar parte del patrimonio municipal del suelo, en la adquisición de nuevas viviendas de titularidad pública. Por ejemplo, como ya comenté, en la adquisición de nuevos pisos que sean de titularidad de las entidades financieras y que no están cumpliendo con la función social para la que fueron construidos. Considero que, con la cantidad de viviendas desocupadas en manos de los bancos, no existe en nuestro municipio la necesidad de adquirir nuevos suelos para construir nuevas edificaciones, basta con trasladarles a estas entidades, la más que razonable propuesta, articulada política y jurídicamente, de que deben ser conscientes que estamos en un momento de urgencia social y que el derecho a la vivienda está por encima que cualquier interés especulativo. Con estos primeros pasos iniciaremos un camino que con los años supondrá recuperar de manera plena un papel fundamental que nunca debió abandonar el Ayuntamiento, dado el enorme interés que para la ciudadanía supone sentirse respaldado por unas políticas públicas que garanticen el derecho fundamental a la vivienda.

*concejal de sí se puede en santa cruz