V. P. | Santa Cruz de Tenerife
El presidente canario, Paulino Rivero, tachó ayer de “antidemocrático” al ministro y líder regional del PP, José Manuel Soria, a quien además acusó de “traicionar al pueblo canario” entre otros motivos por defender que el Gobierno de Rajoy no entable con el suyo conversaciones sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias hasta que no se celebren las elecciones autonómicas, a pesar de que el documento ha sido remitido ya a las Cortes, tras ser avalado en marzo por la mayoría del Parlamento autonómico (CC-PSOE), con la abstención de NC y el ‘no’ del PP.
“Lo que dice Soria”, apuntó Paulino Rivero a preguntas de este diario, “está en la línea de su pensamiento ideológico, antidemocrático, y de una falta absoluta de respeto a las instituciones, pues en una democracia madura como la nuestra los gobiernos gobiernan hasta el último segundo, y luego cogen el testigo aquellos a las que la mayoría de los ciudadanos le otorguen la confianza en las elecciones”. “Porque haya unas elecciones a la vista no hay que hacer parones y dejar de trabajar y de comprometernos con cuestiones como esta, la de la reforma del Estatuto de Autonomía”, apostilló el jefe del Ejecutivo.
Llegado a este punto, defendió que la propuesta estatutaria promovida por CC y PSOE “es un arma que ayudará a mejorar el crecimiento económico de Canarias, pues contempla competencias para el Archipiélago que nos ayudarán a ser menos dependientes de decisiones externas, más responsables en la toma de decisiones por nosotros mismos”. De ahí que, a su juicio, “cualquier valoración que haga Soria tiene más que ver con su pensamiento individual, en el que la línea que ha seguido cuando se trata de Canarias es que a Canarias, cuanto peor, mejor, y ese ha sido su lema y objetivo” en esta legislatura.
Como remate a su reflexión, Rivero manifestó, lapidario: “Creo que ha sido un ministro que ha traicionado al pueblo canario, claramente lo digo”.
Por otra parte, sobre la posibilidad, anunciada en diciembre por él mismo, de denunciar a autoridades y funcionarios de la Administración estatal por el expediente de las prospecciones de Repsol, apuntó que el asunto está en manos de los servicios jurídicos del Gobierno canario, que ahora están examinando el informe encargado al respecto por el exfiscal del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. “No está muy claro para los juristas qué camino seguir y esperamos la orientación que nos den los servicios jurídicos, pues queremos dar pasos firmes, no fuegos artificiales”.