MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife
El organismo PWC ha elaborado un estudio en el que aborda la necesidad de reducir la Administración pública para evitar duplicidades y optimizar recursos
La Administración local es clave en la transformación del sector público. El sistema competencial de los entes es muy complejo y genera duplicidades, lo que impacta en la sostenibilidad financiera de la propia región. Y es que la reducción del gigante público es un asunto que siempre ha estado sobre la mesa, pero que ningún partido político se ha atrevido a abordar. Ni si quiera ahora, con las elecciones. Está claro que nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Con este panorama, el Centro de Innovación del Sector Público de PwC e IE Business School han realizado un estudio-encuesta sobre el papel de las diputaciones, cabildos y consejos insulares en los servicios públicos municipales.
Teniendo en cuenta que existen duplicidades entre muchas administraciones, la intención de PWC es unir posturas entre los que plantean la desaparición de algunos municipios, previo traspaso de competencias a las comunidades autónomas, y los que abogan más por reforzar su papel y dotar a estas instituciones de más recursos y capacidades.
En España hay 8.117 municipios, de los cuales, 5.700 no llegan a 2.000 habitantes y 4.867 ni siquiera alcanzan los 1.000. A esta cifra hay que sumar 3.725 entidades locales menores. El mapa de la Administración local se completa con 38 diputaciones provinciales de régimen común, tres diputaciones forales, siete cabildos insulares y cuatro consejos insulares. España suma actualmente 68.286 concejales. A priori, el número de municipios (88 en Canarias) no es ni alto ni bajo. España se encuentra por detrás de Francia (36.680 municipios), Alemania (12.066) y Reino Unido (10.310). La fragmentación es lo que obliga en cierta forma a esta expansión municipal. Sin embargo, revela este informe, “el resultado es que la prestación de servicios municipales no solo no es uniforme, sino que en numerosas ocasiones se genera confusión, solapamiento y duplicidades”.
El Gobierno sostiene que el gasto que suponen los servicios públicos es cuatro veces mayor en los municipios de menos de 5.000 habitantes que en los de más de 100.000. El coste por ciudadano en los pueblos con menos de 5.000 es de 2.613 euros, mientras que en los de más de 100.000 es de 652 euros. La tesis es que la centralización de estructuras y la prestación coordinada de servicios permitiría generar ahorros significativos.
El debate sobre la fusión de municipios y la mejor distribución de recursos
No es la primera vez que se aborda el asunto de la reducción de la administración pública y de los entes locales. Sin embargo, hasta la fecha ningún partido político ha tomado este tema con seriedad. No se ha abierto un debate serio al respecto, y es que en torno al debate sobre la optimización de recursos y la necesidad de generar economías de escala en materia de servicios públicos municipales se han planteado numerosas alternativas en los últimos años. Pero se han identificado dos grandes líneas de actuación: concentración o colaboración entre determinados municipios.
Desde PWC se plantean tres fórmulas para optimizar los recursos. En primer lugar que otras administraciones públicas asuman competencias municipales, sobre todo en el caso de territorios con poca población, y en asuntos que requieran una fuerte inversión, como por ejemplo, residuos sólidos o agua. Según PWC, habría una importante fuente de ahorro. En segundo lugar, la asociación entre entes locales. Es decir, formar mancomunidades o comarcas para prestar servicios a ciudadanos que comparten territorio. Y por último, contratación conjunta de servicios y creación de centros compartidos. Esta opción, según PWC, no es obstáculo en ningún caso para mantener la identidad jurídica y la capacidad de gestión de los municipios.