De cansino se repite que sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Y yo he tenido la ocasión (necesidad, más bien) de acordarme hace unos días. Santa Bárbara es el Estado del Bienestar. Los truenos, la Sanidad. Y con algo más de sensibilidad que de costumbre, pues cuando toca a los más pequeños, ya sabemos que nos volvemos más vulnerables. Acudir a uno de nuestros centros de salud, ver que está desbordado y tener que irte sin que le hayan atendido después de horas de espera, hace que vuelvan a mi memoria muchos de los argumentos que sostienen ciertos ideales, por muchos años que tengan.

Entre esos argumentos, está la teoría de la Cultura de la Satisfacción de John Kenneth Galbraith, economista norteamericano que analizó las sociedades modernas para llegar a fijar dos clases sociales bien diferenciadas; la mayoría satisfecha y la subclase funcional. Sin estar del todo de acuerdo con su planteamiento y sin ser este el espacio apropiado para debatir sobre los fundamentos que sostienen su teoría, sí creo relevante, o al menos así me lo supuso ante la situación vivida, comprobar cómo en nuestro Estado del Bienestar, que recordemos pivota sobre la sanidad, la educación y las pensiones, a pesar de la ingente cantidad de recursos que sus ciudadanos le entregamos, termina siendo imprescindible detraer otro tanto de nuestros bolsillos para suplir su ineficiencia (y en ocasiones, ineficacia) de este proveedor público, debiendo optar por otro de carácter privado. Sólo así se justifica la necesidad de disponer de un seguro médico, de un plan de pensiones o de un colegio, todos ellos, privados.

Que no me entienda mal el lector. El debate, en estas líneas, no va en el sentido de discutir si público o privado, a pesar de que creo que viene siendo necesario desde hace mucho tiempo, con el fin de ofrecer mejores soluciones de las que, hasta ahora, se vislumbran en el horizonte. No pretendo, en estos momentos, defender ninguna ideología. Entre otras cosas porque la mía, también hace mucho, la tengo muy clara.

Se trata, simplemente, de enfrentar “Sanidad sí, Sanidad no”, “Educación sí, Educación no”, “Pensiones sí, Pensiones no”. Como hiciera a principios de los años noventa ese país al que primero miramos cuando de defender un modelo de Estado del Bienestar se trata. Suecia, modelo de la socialdemocracia y de la protección pública de sus ciudadanos, tuvo la necesidad de “reinventar su Estado del Bienestar” por encontrarse en esas fechas al borde del colapso, como bien explica Mauricio Rojas en su libro del mismo título. Entendió (Suecia) que la solución no venía de la mano de inyectar más y más recursos al sistema, que lo necesario era ser más eficiente y, cómo no, más efectivo. Para ello tenía que cambiar la forma de hacer las cosas e introducir la regla básica de las economías de mercado; la competencia. Pero de hacerlo de la mano de privatizar todos sus servicios públicos, supondría un cambio excesivamente radical para un país que, además, como sabemos, acumula una antiquísima tradición de protección estatal.

Tras el debate, alumbraron una fórmula intermedia, a saber, el ya muy conocido cheque escolar y el cheque sanitario. Con él, el ciudadano tiene derecho a acudir a un colegio u hospital público, pagando con su cheque. Pero resulta que si no recibe un servicio a la altura de sus expectativas, puede elegir otro colegio u otro hospital, decidiendo por tanto a cuál entrega su cheque y con él, a cuál el Estado destinará la financiación que tiene reservada para estos servicios.

El resultado, competencia entre centros, que se esfuerzan por ofrecer un servicio de calidad, con el fin de atraer pacientes o alumnos y, en consecuencia, eficiencia y eficacia. Esto no es ideología, es economía. Economía contrastada. En nuestro país y en nuestra comunidad autónoma, en cambio, el discurso sigue siendo el mismo. Más impuestos porque hacen falta más ingresos para mantener los servicios públicos y el Estado del Bienestar, pero por más que le ingresamos, en este Estado no hay forma de estar bien. A las deficiencias de la sanidad, que dan lugar a habituales comentarios acerca de las listas de espera, el colapso de las urgencias o la falta de medios, se unen las estadísticas del fracaso escolar y de los nefastos resultados de nuestros centros educativos públicos en los distintos rankings nacionales (en el caso de la Comunidad Canaria) e internacionales (para el ámbito nacional), pasando por el hecho de escuchar, cada vez con más frecuencia, a quienes aún no están en edad de percibir la pensión de jubilación, el temor de no llegar a percibirla por la debilidad del actual sistema público de sustitución (reparto), que, como en los sistemas de estafa piramidal, funcionan mientras se incorporen nuevos miembros que paguen (la población activa ocupada) a quienes tienen derecho y están en edad de cobrar (jubilados).

Algunos países se han dado cuenta también de esta problemática, agravada por la falta de una gestión de los recursos aportados que se oriente a garantizar su rentabilidad y por el cada vez mayor envejecimiento de la población. A nadie se nos escapa que la esperanza de vida es cada vez mayor y la tasa de natalidad, menor. Suecia es igualmente uno de estos países, lo que motivó cambios también en su sistema de pensiones. Pero el más relevante es el de Chile, que auspiciado por los militares, supuso la obligación del trabajador de elegir entre el sistema público o aportar, al menos, el 10% de su salario a una cuenta de ahorro individual que tendría el mismo fin.

En sus inicios encontró, como no iba a ser de otra forma, grandes reticencias. En estos momentos, no quedan pensiones a cargo del antiguo sistema público, pues todos los chilenos han optado por esta fórmula privada y de capitalización, que les está permitiendo, a nivel individual, cobrar pensiones de jubilación de hasta el 90% de su salario y, a nivel colectivo, ser uno de los principales países prestamistas del mundo. En la otra cara de la moneda nos encontramos nosotros. Donde criticamos lo que tenemos porque no funciona, pero no somos capaces de aceptar la necesidad de debatir sobre fórmulas alternativas de lograr una verdadera situación de bienestar y, por tanto, de exigir a los poderes públicos la responsabilidad que les corresponde por el colapso al que nos tienen acostumbrados. Y todo esto me viene a la memoria en una semana en la que, como digo, mi pequeña no fue atendida en un centro de salud por estar colapsado, al tiempo que leo en la prensa que la Sareb, esa sociedad pública creada para comprar los activos tóxicos de la banca y salvar al sistema financiero, ha perdido 2.710 millones de euros (sí, ha leído Ud. bien) por haber contratado un swap con el que protegerse ante posibles subidas del tipo de interés.

Que nos engañen vendiéndonos con la hipoteca de nuestra casa un producto que desconocíamos por ser complejo y que tengan que venir los tribunales para anularlo y que nos devuelvan lo cobrado indebidamente, bueno. Pero que nos traten de engañar argumentando que no sabían cuál era la tendencia del tipo de interés y que necesitaban cubrirse por si subía para no pagar uno muy elevado, sí que no tiene un pase. Máxime cuando no nos dicen a quién o a quiénes se le ha pagado, con dinero público, esos 2.710 millones de euros. Como tampoco tiene un pase el que nos quieran convencer de que para mantener y no ya para mejorar la sanidad, la educación y las pensiones es imprescindible continuar o incluso aumentar el esfuerzo fiscal al que nos tienen sometidos.

*Socio de ASSAP