TINERFE FUMERO | Santa Cruz de Tenerife

Un armador que fue condenado en 2011 por el abandono de la tripulación de un buque de su propiedad, el Guajira, ha presentado ahora una querella contra los máximos responsables de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife al sentirse engañado por el proceso en que acabó perdiendo sus derechos sobre la embarcación, que tuvo lugar antes, en 2008. Se da la circunstancia de que por esta querella tendrán que declarar en breve ante el Juzgado de Instrucción número 3 de la capital tinerfeña el presidente de la autoridad portuaria, Pedro Rodríguez Zaragoza, y el director de la misma, Marcos Hernández, acusados de delitos tales como prevaricación, cohecho y maniobras para alterar el precio en subasta pública.
Los hechos que nos ocupan obliga a remontarse hasta 2006 cuando el Guajira, un buque de transporte general, fue retenido por Capitanía Marítima detectar hasta 29 deficiencias y considerarlo no apto para navegar.

La decisión de Capitanía aparejó que el armador, un grancanario propietario de la empresa Granince, abandonase a su suerte a los siete tripulantes del Guajira, tal y como se recoge en sentencia dictada en 2011por el Juzgado de lo Penal número 2 de Santa Cruz de Tenerife.

Como quiera que esta sentencia (importante al tratarse una de las primeras condenas por esta causa) se dictó en conformidad, inmediatamente adquirió firmeza, si bien la pena fue inferior al delito cometido: un año de prisión y 720 euros de multa por un delito contra los trabajadores de la gravedad que ahora se pasa a describir.
Ni agua ni alimentos

Los siete tripulantes del Guajira quedaron sin el amparo de su armador desde el día en que el barco fue retenido en la dársena pesquera. También quedaron sin alimentos, ni agua, ni posibilidad de regresar a su país. Sobrevivieron a bordo cuatro meses unos, once meses otros, gracias a la caridad del Apostolado del Mar desde el Stella Maris y los sindicatos de la Marina Mercante.

A pesar de que les debía salarios que oscilan desde los 2.230 a los 16.420 dólares USA, el armador exigió a los marineros pasarse a otro barco como condición de pago, a lo que éstos se negaron. La respuesta del armador fue dejarlos sin combustible ni agua para forzar su decisión.

Ahora, el armador en cuestión se querella contra los responsables de la Autoridad Portuaria, a los que acusa de, en lo básico, haber ideado una trama para, a través de una empresa intermedia, haberse quedado con el barco en la subasta pública por un precio ridículo (101.000 euros aproximadamente) y que las averías no eran tales cuando la embarcación, con el nuevo nombre de Lina K, al poco estaba navegando de nuevo y lo sigue haciendo, siete años después.

Entre los argumentos de la querella se hace alusión a que, para declarar el barco en abandono (lo que sucedió en 2008) la Autoridad Portuaria se basó en un informe que sólo valora el estado de la nave desde el exterior, y que nunca fueron atendidos los requerimientos del armador para reparar el barco o remolcarlo a otro puerto.