NORBERTO CHIJEB | Candelaria

Los 150 vecinos de las 40 viviendas del pequeño núcleo costero de Bajo la Cuesta, justo debajo de la TF-1, al lado de la central de Las Caletillas, están en vilo por el posible desalojo del barrio, según se les comunicó el domingo, por parte del alcalde, José Gumersindo García, debido al riesgo de desprendimientos.

Sin embargo, el decreto municipal de desalojo, inicialmente previsto para el viernes y luego para ayer, está todavía sobre la mesa, sin firmar por el regidor municipal, que en una escueta nota ayer comentaba que “hay informe de una empresa externa y de la Oficina Técnica Municipal, ahora se ha pasado a los servicios jurídicos y se está pendiente de la supervisión del secretario para ver cómo se procede”, cuando todo estaba previsto para ser firmado ayer mismo y notificado hoy a los afectados, después de que el viernes conocieran que el Ayuntamiento, atendiendo a un extenso informe (100 folios) de los técnicos de la empresa Icinco, iba a proceder al desalojo. Un informe externo que costó al Ayuntamiento unos 13.000 euros, realizados después de un desprendimiento ocurrido a mediados de enero que destrozó un coche y que ocasionó la denuncia de un vecino, justo al final del barrio, donde no llega la malla protectora puesta en su día por el Gobierno de Canarias.

Los propietarios de las 40 viviendas, la gran mayoría de primera ocupación, quieren permanecer allí pese al peligro que supone el talud, mientras que el Ayuntamiento dice verse obligado al desalojo para garantizar la seguridad de las personas.

El alcalde, en la reunión del domingo, en la que también estuvieron presentes su posible sucesora Mari Brito y la nacionalista Nazaret Díaz, comentó que los Servicios Sociales municipales estudiarían la situación de cada uno de ellos para ofrecerles reubicarlos en otras viviendas.

La oposición
Nazaret Díaz (CC) se mostró contraria a la orden de desalojo que pretende llevar acabo el Ayuntamiento, pues señaló que eso “es competencia de un juez”, añadiendo que “lo peor han sido las formas, hablando de desalojo”, mientras abogó por “hacer obras para asegurar la ladera”.

Alternativa Nacionalista Canaria (ANC) envió un comunicado de repulsa al comentar que “lo canallesco es que una vez más sale una orden de desalojo después de las elecciones, como pasó con Cho Vito” y recuerdan que “el origen del conflicto puede estar en la recalificación del suelo que supuso el último PGO del municipio, donde ya parecía patente una trama contra los habitantes de Bajo la Cuesta”, aseveran desde ANC.

Miembros de Alternativa Sí se puede, también presentes en la crispada reunión del domingo -ayer un vecino se acercó al Ayuntamiento a pedir disculpas al alcalde-, manifiestan que “los vecinos de Bajo la Cuesta se sienten engañados y manipulados. Se ha esperado a que pasara la campaña electoral para desembarcar con este enrevesado asunto”.

José Fernando Gómez, concejal no adscrito, también estuvo presente el domingo. “No se les puede decir a los vecinos -comentó Gómez- que la solicitud de ese informe que ha costado 13.000 euros ha sido una decisión del Grupo Municipal Socialista, cuando su compañera y candidata anunció que no tenía conocimiento alguno del tema”.

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“El único peligro verdadero es Sindo”

N. CHIJEB | Candelaria

Antonio Oliva, presidente de la asociación de vecinos de Bajo la Cuesta, fue muy claro ayer al manifestar que “el único peligro verdadero para Bajo la Cuesta es José Sindo”, en referencia al alcalde, que según él es el gran culpable, entre otras razones porque “el barrio estaba considerado por las normas subsidiarias como suelo urbano consolidado desde 1987, hasta que en el Plan General de 2007 se cambió por suelo rústico”, lo que ha dado pie para que Costas insista en que Bajo la Cuesta está bajo dominio público marítimo-terrestre, aunque los vecinos y su abogado, José Ortega, cuentan con un informe del anterior director general de Costas en el Gobierno socialista, Pedro Antonio Ríos, en el que se recoge “la desafectación de la Ley de Costas de 1988”.

Sin embargo, ahora el asunto que tiene en vilo al centenar largo de vecinos es el desalojo anunciado la semana pasada por el alcalde y comunicado en persona por él mismo al vecindario en una acalorada reunión en el propio barrio. Antonio Alonso reconoce que ha habido desprendimientos -el último el 15 de enero en una zona donde no hay malla, de donde nace el informe actual-, pero que de igual manera “también hay peligro cuando conduces por una carretera”.

El presidente del colectivo vecinal manifestó: “No sé lo que harán los demás, pero yo no abandono mi casa, mi vida; salvo que un juez me lo ordene no nos van a mover”.[/sws_grey_box]