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Algo hay que hacer – Por Leopoldo Fernández

No sé si la recién creada Plataforma para la Defensa de Proyectos Estratégicos va a poder cumplir los nobles fines que se propone y que su rimbombante denominación revela por sí misma. Pero es rigurosamente cierto que Tenerife se está quedando atrás. Y no sólo en unas pocas cosas de carácter fundamental, como el cierre del anillo insular, la ampliación del aeropuerto Reina Sofía y el puerto de Granadilla; también pierde inversiones, retrasa proyectos urbanísticos, congela iniciativas industriales, deteriora sus carreteras de manera peligrosísima… La molicie, una burocracia infernal y el mal enfoque de las políticas públicas sobre el territorio vienen haciendo un daño enorme al conjunto de la Isla.

No se trata de aplicar la manga ancha del todo vale o de consentir aberraciones de ningún tipo; basta con utilizar el sentido común y entender la legalidad como lo que debe ser: un marco general de actuación sujeto a modulaciones y medidas, no a rigideces e inflexibilidades sistemáticas, por encima de toda lógica y razón. Un marco imposibilitador de actitudes de calma chicha que dilatan la solución de problemas e impiden la diligencia obligada de toda Administración que se precie. Aquí, en la Isla, existen proyectos milmillonarios, presentados hace ocho y más años a las autoridades medioambientales y urbanísticas del Gobierno, sin que se hayan despachado en tiempo y forma. Intuyo que estas anomalías tan destructivas para el empresariado inversor y dañinas para la creación de empleo son las que quiere enterrar el candidato de CC a la Presidencia del Gobierno, Fernando Clavijo, mediante una nueva manera de actuar y con la conversión de la Cotmac en un organismo más racional, activo y diligente. Pero nada de ello llevará a buen puerto las iniciativas empresariales de Tenerife si simultáneamente no se pone un mínimo de orden en la maraña jurídico-administrativa que sostiene el andamiaje normativo sobre el territorio. La abundancia, espesura, confusión e incluso contradicción de las leyes vigentes es de tal naturaleza que se impone -como con buen tino solicita la Plataforma- su urgente anulación y sustitución por una nueva norma que aúne toda la legislación hoy dispersa y clarifique las actuaciones en materia territorial, medioambiental y urbanística.