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Bajo la Cuesta pretende evitar el desalojo, al igual que Santa Lucía

El mayor peligro de desprendimientos se sitúa al final del barrio, donde el Gobierno de Canarias no situó mallas tras la ampliación de la TF-1. / NORCHI
El mayor peligro de desprendimientos se sitúa al final del barrio, donde el Gobierno de Canarias no situó mallas tras la ampliación de la TF-1. / NORCHI

El Ayuntamiento de Candelaria le ha dado un plazo hasta el martes a los vecinos del pequeño núcleo costero de Bajo la Cuesta, cerca de la central de Las Caletillas, para que desalojen voluntariamente su medio centenar de viviendas ante “el riesgo de derrumbes, desprendimientos y avalanchas”, según la notificación que empezó a entregar el miércoles la Policía Local.

Antonio Oliva, presidente de la asociación de vecinos, señala que la mayoría del medio centenar de familias que tienen allí sus viviendas-cuevas tienen la intención de mantenerse en ellas hasta que decida la Justicia, a la que tendría que acudir el Ayuntamiento si el martes los vecinos desobedecen el decreto de desalojo firmado el viernes por el anterior alcalde y comunicado el martes por la actual alcaldesa, Mari Brito, a una representación de vecinos.

Brito se ha comprometido con ellos a buscar una alternativa de alojamiento a aquellos que demuestren que ocupan en la zona una primera vivienda y para ello les ha puesto en contacto con la concejala de Servicios Sociales, Olivia Pérez.

Sin embargo, a pesar de lo que consideran “buena voluntad” de Mari Brito, creen que lo mejor es permanecer en el barrio hasta que decida la Justicia.

Los Barrancos
Los vecinos de Bajo la Cuesta se acogen al precedente de lo que ocurrió en el barrio güimarero de Santa Lucía, litoral de Agache, cuando 20 viviendas, debido al derrumbe de una gran cueva que se produjo el 6 de junio de 2011, fueron precintadas por el Ayuntamiento, que durante dos meses les pagó el alquiler en un hotel rural a las familias afectadas. El Ayuntamiento de Güímar precintó el acceso a las viviendas y encargó un informe técnico a Icinco, la misma empresa que hizo el de Bajo la Cuesta, que alertaba de manifiesta inseguridad, pero los vecinos siguen instalados allí tras no poder demostrar la Policía Local ante la jueza que ellos habían levantado el precinto. Cuatro años después, el desalojo no se ha cumplido.