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El Cabildo se opone a buscar otro proyecto para cerrar el anillo insular

Varios alcaldes del norte y el sur de la Isla y los empresarios tinerfeños han mostrado ya su rechazo al proyecto alternativo en el que trabaja el Gobierno de Canarias para modificar el trazado del cierre del anillo insular, con el fin de abaratar su coste y facilitar su financiación, aunque con una demora de 10 años en su ejecución. Ahora el presidente del Cabildo tinerfeño, Carlos Alonso, también se suma a esta oposición argumentando su predisposición a sacar adelante el proyecto aprobado en 2009, buscando financiación estatal.

OBRAS ANILLO INSULAR TENERIFE
Una parte del tramo sur del anillo insular hasta Santiago del Teide fue puesta en servicio recientemente. | F. P.

Alonso explicó ayer a DIARIO DE AVISOS que tuvo conocimiento hace dos semanas del proyecto al recibir una llamada del viceconsejero de Infraestructura del Gobierno regional. Además, señaló que este departamento de la Comunidad Autónoma se reunió con el anterior consejero de Carreteras del Cabildo, José Luis Delgado, para dar a conocer esta alternativa. “En principio no vamos a aceptar una solución al cierre del anillo insular que suponga un peor trazado y que lo dificulte desde el punto de vista de la tramitación ambiental”, puesto que el trayecto sugerido propone transitar por una zona protegida como es el malpaís de Santiago del Teide. “Tampoco aceptaremos ninguna solución que lleve aparejado un retraso en la tramitación del proyecto, por mucho que sea más barato. Ahora lo importante es hacer las cosas bien, con el mejor trazado y lo más rápido posible y no demorarlo”, declaró. Aún así, precisó que esta es su posición previa, pero que desconoce los detalles del proyecto planteado por el Ejecutivo canario, cifrado en 160 millones de euros frente a los 291 de la obra ya aprobada.

Alonso indicó que con esa alternativa no sabe cuánto tiempo se podría demorar la obra. En este sentido, el anterior responsable de Carreteras señaló que esta demora podría rondar los ocho o diez años, debido no solo a la dificultad de tramitar un proyecto de esta envergadura, sino del posible rechazo que pueda generar desde el punto de vista ambiental. Por último, el presidente insular anunció que una vez cerrado el pacto por Tenerife iniciará una batería de acciones con el objetivo de que la obra sea declarada de interés general y, por tanto, sea financiada por el Gobierno central.