Si bien la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal española intenta supuestamente evitar que personas investigadas por cualquier delito, especialmente los políticos, empresarios y banqueros, sean sometidos a lo que califican los defensores de la misma de “una condena de telediario” previa a la judicial, ella nos conduce al modelo que su impulsor, el Partido Popular (PP), condena en gobiernos latinoamericanos. Su afán por amordazar, perseguir, enjuiciar al mensajero. A periodistas y medios de comunicación cuando informamos especialmente sobre supuestos actos de corrupción. Así comenzó en la Venezuela chavista. Primero prohibiendo exhibir imágenes de sucesos, para acabar, ahora, querellando a propietarios de medios críticos, en especial a los que publicaron la información llegada del exterior, acerca de que Estados Unidos investiga un posible vinculo del vicepresidente Diosdado Cabello con el narcotráfico. Así comenzó en Ecuador, donde esta prohibido poner en duda, aún en campaña electoral, la eficiencia del presidente Rafael Correa; reproducir noticias publicadas en otros países que le afecten; o investigaciones sobre presunta corrupción, todo lo cual conlleva sanciones que expolian el patrimonio de medios y periodistas; y así comenzó en Argentina, que hasta prohíbe publicar estadísticas económicas de consultoras privadas (más creíbles que las oficiales), pues “mienten para desestabilizar al Gobierno”, según Cristina Kirchner.

No son los únicos Gobiernos latinoamericanos que extorsionan a sus mensajeros, pero si los más criticados por un PP que, de ser coherente, debiera diferenciarse corrigiendo esta Ley, pues impedir la difusión publica de imágenes de políticos, empresarios, banqueros, o yernos reales siendo arrestados o rumbo a un juzgado, mientras autoriza las de los Messi o del exjuez Silva como “ejemplo social” discrimina, es absurda pues todos asociamos apellido con rostro, y evidencia que es la otra cara de la moneda de una censura sin color político. Rojo rojita, o azul.