El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico (CATPE), que preside Ángel Ferreras, ha elaborado un informe en el que somete a consideración pública los que defiende como asuntos prioritarios que abordar en el nuevo periodo que comienza en los ayuntamientos, cabildos y el Gobierno canario tras las elecciones del pasado 24 de mayo.

El CATPE recuerda que es “ampliamente compartido” que el modelo de planeamiento y gestión del territorio constituye “el principal cuello de botella” para el desarrollo de Canarias, al ser “una herencia” de la Ley del Suelo de 1956. Durante los últimos 15 años este modelo “ha estado injertándose con iniciativas inconexas, sucesivas adaptaciones a las dos leyes cabeceras”: el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación Territorial y la de Directrices de Ordenación General y del Turismo y, más recientemente, la Ley de Armonización y Simplificación.

Todo ello ha dado como resultado “un modelo rígido, burocratizado, ineficiente y sobre todo inmanejable”, con tres efectos: “fuerte conflictividad y judicialización del planeamiento, por lo que son los jueces y magistrados quienes terminan gestionando el territorio por vía jurisdiccional; un lastre del PIB regional al frustrar severamente inversiones internas y foráneas tan necesarias en estos tiempos para impulsar la inversión y la creación de empleo y la proyección de una imagen negativa de Canarias en el exterior al ser considerada un destino de alto riesgo para las inversiones”.

El Archipiélago, con el porcentaje más alto de territorio protegido de la UE (84,5% entre espacios protegidos y suelo rústico), “se ve incapaz de ordenar en tiempo y forma el 15,5% restante”, lamenta el CATPE.

Las dos capitales, Santa Cruz y Las Palmas de Gran Canaria, han necesitado más de 15 años para dotarse de una ordenación urbanística “aún no plenamente pacífica”, pues están “inmersas en el calvario contencioso administrativo”, se enfatiza en el informe.

Los centros de mayor generación del PIB (Arona, San Bartolomé de Tirajana, Mogán y Adeje) “se debaten infructuosamente desde hace 20 años para culminar su ordenación urbanística sin éxito y en el concreto caso de Arona, debiendo empezar desde cero al habérsele anulado recientemente el Plan General por los tribunales de justicia”.

El propio Gobierno de Canarias “se ha visto abocado a recurrir a procedimientos de tramitación excepcionales -el llamado artículo 4, los planes generales supletorios y los de modernización, mejora y competitividad- para conseguir sacar adelante las iniciativas públicas con incidencia territorial”. Los planes insulares vigentes, a juicio del Centro Atlántico, “están concebidos con modelos pensados para dar respuestas coercitivas a una deriva expansionista de la economía que hace ocho años quedó atrás, por lo que se encuentran plenamente desfasados”. Sostiene el CATPE que la reciente Ley de Armonización y Simplificación ha resultado “una operación fallida”, puesto que los objetivos básicos “no se abordan y se desplazan en el tiempo”, y, entre otros efectos, “ha convertido la evaluación ambiental estratégica en un calvario burocrático, enciclopédico y banal, absolutamente impropio de un país mínimamente organizado”.

1. Necesidad de un Pacto Institucional

El centro pone de relieve “la poca coordinación entre las administraciones”, por lo que plantea la “conveniencia” de un pacto institucional con tres objetivos principales: hacer efectivo el mandato legal de cooperación y coordinación interadministrativa e integración de las políticas de los distintos departamentos con competencias en el territorio, un acuerdo entre el Gobierno canario, los cabildos y Federación Canaria de Municipios (Fecam) que dé cobertura a procedimientos específicos para que determinados municipios puedan acelerar la adaptación y aprobación de sus planes generales, y la habilitación de los recursos humanos y económicos suficientes para la gestión eficaz del urbanismo y la ordenación territorial.

2. Racionalización de ordenación territorial

Este grupo de opinión ve “perentorio” revisar la Ley de Armonización y Simplificación del sistema de planeamiento para cumplir con sus objetivos básicos para asignar competencias según el principio de subsidiariedad y mayor proximidad al ciudadano, redefinir el papel de la Cotmac, establecer plazos específicos para la aprobación de los planes generales de ordenación (PGO) no más allá de cuatro años, “descargar estos planes de contenidos innecesarios” y asumir la figura del planeamiento continuo. Este cambio legislativo también debe “ampliar el escenario contemplado en la Ley 6/2009 de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo, respecto a las modificaciones de planeamiento admitidas, en el sentido de contemplar también aquellas, hoy no admitidas, que incluso supongan cambios sustanciales del modelo, siempre y cuando vayan en la línea de adaptar parcialmente el referido modelo a las leyes vigentes”.

Pide también el CATPE que la modificación de la ley permita la “gestión integrada de la tramitación urbanística y medioambiental”. “Con ello se propone recuperar el concepto europeo de evaluación ambiental como un medio para minimizar y en su caso corregir con carácter general eventuales impactos ambientales”, apunta el centro.

3. Reducir la judicialización de los planes

El grado de judicialización al que ha llegado el planeamiento (incluyendo las licencias y las autorizaciones) es “patológico” debido a “la disfunción y falta de integración del sistema legal de planeamiento y de su procedimiento administrativo”. Para corregir esta situación el CATPE propone “recuperar la prolongación de la vía administrativa de los procedimientos mediante un mecanismo que llene el vacío dejado por la eliminación del recurso de reposición tras la adopción del acuerdo de la Cotmac en la aprobación definitiva de los planes”.

4. Diversificación del mix energético

Este grupo de pensamiento considera que “Canarias debe poner en valor y maximizar el uso, hasta lo técnicamente posible para la estabilidad de los sistemas insulares, de los principales recursos naturales con los que cuenta, viento y sol, para la generación de energía eléctrica. Para ello, demanda agilidad y simplificación administrativa, pues “no se puede seguir manteniendo un sistema que tarda 15 años en instalar nuevas plantas eólicas o más de 10 años en definir emplazamientos para una nueva central tan necesaria como la de la isla de Fuerteventura”. Reclama el CATPE también un marco de estabilidad y seguridad jurídica, promover el uso racional de la energía, una mayor penetración de las renovables en Canarias (la eólica y la fotovoltaica aportan en las Islas un 7% de la capacidad de generación frente a un 22% a nivel nacional), reconsiderar la normativa nacional que penaliza en Canarias el autoconsumo o en balance neto, garantizar el acceso a combustibles más eficientes y económicos (para la “competitividad” del sector industrial y turístico se propone la implantación del gas licuado del petróleo canalizado, en especial el aire propanado), impulsar el almacenamiento de energía eléctrica y ejecutar conexiones eléctricas interinsulares”.

5. Actualizar el bloque económico del REF

El Régimen Económico y Fiscal (REF) constituye “nuestro verdadero fuero” por ser históricamente la norma que refleja el hecho diferencial canario para amortizar los costes adicionales que soportan residentes y empresas en Canarias. El contenido económico del REF, a juicio del CATPE, “ha quedado desfasado después de más de 20 años de su aprobación”, por tanto cree necesario actualizarlo. Para su eficacia y cumplimiento, el REF “requiere un gasto presupuestario anual, ajeno a cualquier eventualidad como la que estamos soportando en la actualidad fruto de la reducción del gasto público y consolidación fiscal”.

El CAPTE juzga de “oportuna y necesaria” la resolución parlamentaria de abril pasado para la actualización de los aspectos económicos del REF, y, a partir de este acuerdo, plantea al nuevo Gobierno canario fortalecer el equipo de trabajo responsable de la elaboración de los estudios para afrontar la próxima negociación con el Gobierno central, elaborar un texto articulado que refleje y complete las cuestiones tratadas en la citada resolución y realizar los estudios necesarios para cuantificar el gasto presupuestario anual necesario para el cumplimiento de la Ley del REF.

6. Seguridad jurídica para las inversiones

Debe ser una prioridad del nuevo Gobierno canario desenredar la “maraña normativa y administrativa” y garantizar la seguridad jurídica para las inversiones turísticas paralizadas por el bloqueo económico. Alguna de las medidas que el CAPTE propone son, a corto plazo, derogar del precepto de la Ley de Inversiones Estratégicas que permite la clasificación discrecional de inversiones prioritarias (“discriminación”), derogar el precepto de la Ley Turística que posibilita al Ejecutivo expropiar establecimientos turísticos “a discreción y sin indemnización”; y, a medio plazo, un año, derogar “todas las moratorias, leyes y decretos turísticos, unificando en un solo texto legislativo refundido, el marco legislativo disperso resultante para el Turismo”.

7. Modernización de la oferta turística

En esta apartado, el Centro Atlántico de Pensamiento propugna la rehabilitación de la planta alojativa. Para ello, a corto plazo, reclama eliminar las trabas que impiden esta renovación ( por ejemplo, los importes mínimos de inversión por cama) y de los “supuestos” incentivos de la Ley Turística por sus “graves desequilibrios competitivos entre los núcleos turísticos”. A medio plazo (un año), defiende “crear el marco jurídico estable para realizar reformas de una manera ágil, sin necesidad de un Plan de Modernización; así como construir de modo paralelo nueva oferta alojativa, pues complementa a la rehabilitación.

“Ello implica para el nuevo Gobierno, autorizar la construcción de nuevos hoteles de cualquier categoría, sin requisitos adicionales a los que ya están regulados por la normativa vigente, sin cupos de crecimiento anual y en suelo turístico ya autorizados por los Planes Insulares”, sostiene este grupo de opinión.

Igualmente, solicita la rehabilitación de infraestructuras turísticas como prioridad estratégica para el turismo, la creación de nueva oferta complementaria (como otro pilar estratégico), el mantenimiento y la potenciación de los consorcios de rehabilitación, no aumentar la carga impositiva sobre el sector turístico (rechaza una posible tasa turística e incluso recomienda considerar un IGIC turístico reducido para no perder competitividad cuando concluya el efecto de la primavera árabe), implantar ciclos de formación profesional más adaptados a las necesidades del mercado, estrategias para conservar a largo plazo la disposición al servicio (amabilidad, hospitalidad con el turista, con campañas de sensibilización y un código ético público para evitar declaraciones de cargos públicos que puedan provocar aversión al turismo…).

Llegados a este punto, el CATPE enfatiza su apuesta por acelerar la transición de Canarias hacia la llamada sociedad del conocimiento.

8. Educación y formación

Es “el pilar básico” para el futuro desarrollo económico y social de Canarias, por lo que este grupo de pensamiento promueve “un pacto social con participación de la Comunidad Educativa, que afecte tanto a la educación no universitaria como universitaria”. En este sentido requiere aumentar el ritmo de desarrollo e implantación de la ley de educación no universitaria, cumplir con los objetivos de Educación y Formación de Europa 2020 y cumplir con las recomendaciones y objetivos del Programa PISA.

Sobre el profesorado, plantea como urgente “apostar por el cambio y la mejora en la formación, aprender qué y cómo enseñar, formarle en conocimientos como en competencias intra e interpersonales, comunicación y dominio de medios digitales y de inglés, estimular la innovación educativa, recuperar el reconocimiento social del docente, establecer un Plan Canario de Formación continua del profesorado y desarrollar la Red Canaria de Excelencia en Formación del Profesional.
En relación al alumnado, el CATPE defiende “una educación motivadora, creativa e innovadora”, fomentar las competencias digitales, una formación dual para aumentar la empleabilidad, lanzar el I Plan Canario de FP, desarrollar en los alumnos las competencias de pensamiento crítico, espíritu innovador y emprendedor; formarles en el dominio del inglés, facilitar la movilidad como valor intrínseco de la educación que se necesita, desarrollar y aplicar el I Plan de Innovación Educativa, contar con una financiación adecuada. Para lo anterior, se precisa que la educación y formación sea prioritaria en la financiación.

9. Ecosistema regional de innovación

El Centro Atlántico propone “promover” una cultura de innovación como “secreto para el desarrollo social y económico de Canarias”. La innovación, apunta el informe, hay que entenderla como “la implementación de un nuevo, o significativamente mejorado, producto (bien o servicio) o proceso; un nuevo método de marketing o modelo en la forma de realizar los negocios, la organización del trabajo en la empresa o las relaciones externas de la misma”.
Para ello, “hay que invertir, directamente en innovación, independientemente de hacerlo en tareas de investigación”. En esta línea, el CAPTE ve necesario lanzar el Plan de Innovación Canarias 2015-2020, a partir de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020. Los agentes propulsores en los que basar el plan serían el gobierno multinivel, que no sólo establece e impulsa las políticas de innovación, sino que es agente innovador en sí mismo, y el sistema formal de I+D que debe orientar su actuación a innovar alineado con las líneas estratégicas priorizadas para la región e innovación en nuevos sectores empresariales emergentes, como consecuencia del RIS3. Sostiene el CAPTE que el sector económico, actual y el emergente “debe innovar en el sentido descrito, pues en Canarias es mayoritario en el sector servicios; la innovación empresarial es urgente e importante, teniendo en cuenta que el tejido está formado por micro y pequeñas empresas”.

Y 10. Ecosistema canario de innovación

El Centro Atlántico de Pensamiento Estratégico entiende por gobernanza el proceso de toma de decisiones y el proceso por el que las decisiones son implementadas, o no, En el caso de Canarias” se vive una gobernanza multinivel, que hace las cosas complejas, tanto en la toma de decisiones como en su implementación”. Si a ello se añade la complejidad burocrática en cada uno de los niveles, la situación se vuelve “paralizante”. Por ello propone “legislar mejor, sólo en lo absolutamente necesario, procurando que las normas se cumplan”; apostar por la gobernanza basada en los principios de participación, legalidad, transparencia, responsabilidad, consenso, eficacia, eficiencia y coherencia; simplificar los procedimientos; o garantizar que circulen los flujos de información entre los diferentes niveles de gobierno o administrativos, puesto que que existe una “interdependencia compleja” entre ellas, que sufren los ámbitos económico y social.

Otras medidas que propone son el control eficaz de las cuentas y resultados alcanzados respecto de los objetivos comprometidos, con “exigencia de responsabilidades” en su caso; contar con los distintos actores regionales, insulares o urbanos, más allá de las estructuras e instituciones puramente formales y democráticas elegidas cada cuatro años (“gobierno abierto”), sin que esto implique un ritmo paralizante; e impulsar la modernización de las administraciones públicas, ya iniciada con el PEMAC 2012-2014, completando la administración electrónica.