Por supuesto, tenemos obligaciones con el fisco, bueno unos más que otros e incluso algunos ninguna. Eso de que Hacienda somos todos no está tan claro. El Gobierno actual según tomó posesión subió los impuestos, nos dio a base de bien y desde todos los frentes, pero, también aprobó una amnistía fiscal, o sea, que perdonó el fraude a cambio de abonar un 10 %, sin embargo, al final no fue ni siquiera eso, fue un 10 % de los intereses que hubiese generado ese dinero negro durante los últimos tres años y encima te dejaban sacar los billetes de debajo del colchón y solo tenías que decir que los tenías desde antes del 2010, y ya está. Dinero que pasa de “ilegal” a legal, así de fácil. ¡Cámbate! la alegría que generó la noticia en los bajos fondos, bueno, y en los no tan bajos. Hasta aquí la cara, ahora veamos la cruz.
A pie de calle, el día a día del trabajador con la Agencia Tributaria se mueve en otro sentido muy diferente. El impuesto del IRPF analiza la situación familiar y aplica ciertos beneficios cuando se reúnen los requisitos, de forma que en lugar de pagar una cantidad concreta se te hace un descuento y pagas menos, eso dice la Ley, claro, otra cosa es que te reconozcan esa circunstancia, pues bien, ni aun siendo cierta lo hacen y esto ocurre así con mucha habitualidad se aprovechan de que la justicia es cara y de que al final no te queda más remedio que quedarte con su resolución que lo que hace es amputarte un derecho reconocido por Ley. Menos mal que cada vez más jueces se unen contra el atropello administrativo, condenando incluso en costas a esta y olvidando aquello de que si de iure es juez, de facto es letrado defensor de la Administración, sin embargo, lo de la condena a costas no deja ser un gasto más para las arcas del Estado y que al final terminamos pagando todos, por ese motivo debemos dar un paso más allá y comenzar a atribuir responsabilidades personales al firmante. Supongamos que el firmante tuviera que hacer frente a este caso actual y real: un trabajador que tiene una discapacidad del 42 % y que vive con su madre, una señora de 72 años de edad y que tiene una discapacidad del 65 %, casi nada, pues bien, hasta aquí todo normal, la cuestión es que este trabajador tiene derecho a unos beneficios fiscales por su situación de convivencia con su madre, sin embargo, la Agencia Tributaria no reconoce que exista esa convivencia por más que los propios afectados presenten documentos justificativos de la misma, Hacienda sigue en sus trece de que no, incluso le atribuyó un domicilio en el que vivió la madre hace 25 años y esto porque había un consumo eléctrico en él, de locos vamos. Claro, si el firmante tuviera que hacer frente a esta amputación de derecho contra legem otro gallo nos cantaría al ciudadano y administrado. Debo tener cuidado con lo que deseo, tal vez algún día se cumpla.
En fin como decía René de Chateaubriandlas instituciones pasan por tres periodos: el del servicio, el de los privilegios y el del abuso, esperemos que esto comience a ser cíclico porque estamos estancados en el último.