La empresa que prestaba el servicio de restauración en la Casa Viña Norte, en la plaza de la Concepción de La Laguna, gestionada por el máximo responsable del CCN y exdiputado regional, Ignacio González Santiago, renunció a la concesión administrativa para su explotación y cerró sus puertas a principios de mes, dejando en la calle a siete empleados que aún tienen que solventar su situación.
Desde Bodegas Insulares de Tenerife SA (Bitsa), propietaria desde 2003 del inmueble del siglo XVIII y que durante muchos años fue conocida popularmente como Casa Mara, se señala que ha vuelto a estar a disposición de la empresa pública tras llegar a un acuerdo con los inquilinos, que han devuelto la concesión del derecho para explotar la Casa Viña Norte, una negociación que ha realizado directamente el presidente de Bitsa, Juan González.
No ha sido posible contactar con el exlíder nacionalista, que se encuentra ilocalizable tras cambiar de teléfono y eliminar sus perfiles en las redes sociales. Los malos resultados de la formación que lideraba en las elecciones del pasado 24 de mayo han podido precipitar los hechos.
González Santiago ya estaba en el centro del huracán desde el pasado mes de marzo tras renunciar a la concesión administrativa del Bar-Cafetería Restaurante Dinámico, ubicado en la plaza del Charco del Puerto de la Cruz, que es propiedad del Ayuntamiento de la ciudad turística. El Pleno municipal decidió que la sociedad pública Parque Marítimo SA asumiera la gestión cautelar de los servicios, ordenó emprender acciones legales para exigir sanciones e indemnizaciones por el abandono de la concesión y la ruptura unilateral de un contrato amparado por la Ley de Contratos Públicos, además de incorporar a sus 18 empleados en Pamarsa.
Será el Consejo de Administración de Bodegas Insulares la que tomará la decisión sobre el futuro de este inmueble, que sufrió un minucioso trabajo de rehabilitación, que en un primer momento acogió el domicilio social de la sociedad. Una de las opciones será ponerlo nuevamente en explotación mediante otorgamiento de otra concesión administrativa, aunque desde el Cabildo de Tenerife, que posee el 49% de las acciones, también se baraja la venta de este edificio.