Nuestra comunidad autónoma cuenta con una legislación del territorio tan amplia, compleja, dispersa y contradictoria que se ha convertido en una verdadera “maraña” legislativa que paraliza cualquier inversión que se quiera realizar en Canarias. Los motivos siempre han sido los de la defensa de nuestro entorno físico como la mayor riqueza que tenemos. Es verdad que vivimos en un lugar privilegiado y por eso los canarios nos sentimos tan orgullos de serlo y presumimos, con razón, de la belleza, del clima y de la amabilidad de nuestra gente. Pero también es verdad que una cosa es defender y otra paralizar y obstaculizar cualquier iniciativa, que tienen como objetivo la creación de empleo, crecimiento económico y desarrollo social. No vale todo en los dos sentidos. Nuestra realidad física, de unas islas en medio del Atlántico, obliga a ser exigente para salvaguardar el futuro a las nuevas y futuras generaciones de canarios, pero también impone la necesidad de contar con una economía dinámica, moderna y que dé estabilidad social a nuestra sociedad. No podemos ser ni talibanes ecologistas, ni depredadores del territorio. La virtud siempre se encuentra en el punto medio. Por lo tanto, lo más urgente en estos momentos es que desde el nuevo Parlamento canario se simplifique la inflación de leyes urbanísticas, para que contemos con la seguridad jurídica necesaria para que Canarias sea un lugar atrayente para la inversión y como consecuencia para la creación de empleo, que es la verdadera demanda de los ciudadanos.
Junto a las ventajas ya mencionadas de nuestro territorio también tenemos inconvenientes por la lejanía que sufrimos respecto a la Península, que parece que se nos olvida o se nos ve demasiado lejos o no llegan a Madrid las peticiones que se hacen desde Canarias. Desde el Gobierno central hay una deuda histórica con nuestras infraestructuras. Mientras se invierten miles de euros en trenes de alta velocidad con dudosa rentabilidad o se construyen autopistas de peaje por donde no circulan vehículos, nosotros tenemos que estar continuamente pidiendo lo que nos corresponde, unas vías seguras, modernas y que unan y vertebren la isla de Tenerife, que en estos momentos se encuentra dividida en tres zonas inconexas, Norte, Sur y metropolitana.
El cierre del Anillo Insular es de vital importancia, tanto desde un punto de vista social, como económico. Significará sobre todo seguridad para las personas, evitando los largos trayectos, antes y después del trabajo y ahorro de tiempo y costes logísticos a las empresas. Lo venimos diciendo desde hace muchos años, sólo hay que ir a las hemerotecas para ver que es una reivindicación y necesidad social. Pero también hay que decir que los responsables políticos solo se han comprometido de palabra porque la obra sigue sin terminarse. Los del no a todo, como siempre, también insisten en que no es prioritaria esta obra. ¡Claro! Viven mayoritariamente en Santa Cruz o La Laguna o dentro de su zona de influencia, donde tienen sus buenos puestos de trabajo, por lo que no tienen necesidad de realizar todos los días grandes trayectos, incluso se permiten el lujo de coger el tranvía para ir a su lugar de trabajo. En cambio los trabajadores que viven en el norte de la Isla tienen que madrugar muchísimo, ellos y sus hijos todos los días, para antes de salir dejar organizada su casa. Y por la tarde, después de un laborioso y cansado día de trabajo, perder más de una hora en el regreso al hogar. Cuando no se produce una separación familiar durante toda la semana, para verse sólo los sábados y domingos cuando es posible laboralmente. Por lo tanto, cuando se pide el cierre del anillo insular más que por motivos estrictamente económicos, o por ser una atracción de paseo dominguero, es por necesidad social, las personas tienen que estar por encima de cualquier otra reivindicación material. Si unimos el Norte con el Sur unimos a las familias, base estructural de la sociedad, vertebrando a su vez nuestra economía.
Muchas empresas del sector han desaparecido, están en concurso o pasando por grandes dificultades, por el afán recaudatorio de las distintas Administraciones. Es una voracidad que no tiene límites, no se dan cuenta de que están “ahogando” a las empresas y a los empresarios, que, vamos a recordarlo una vez más, somos los que creamos los puestos de trabajo que se necesitan y que demanda nuestra sociedad. Un ejemplo paradigmático es el inquietante valor catastral que los distintos ayuntamientos siguen aplicando al suelo. Con la crisis los valores reales del suelo han disminuido más del 50%, y las ventas han caído de manera significativa, pero en cambio a la hora de la recaudación se siguen manteniendo unos valores irreales, que sólo sirven para recaudar vía impuestos unos ingresos que en la mayoría de los casos son principalmente para mantener los sueldos de los políticos y las fiestas municipales. En estos momentos los ciudadanos están pagando unos impuestos por encima del valor y de los servicios que nos ofrecen las administraciones. La reducción de la presión fiscal a las familias y a las empresas es fundamental para salir de la crisis y si no que se lo pregunten a los autónomos.
Tres propuestas de futuro inmediato que garantizarán un cambio estructural de crecimiento económico y social: primero, simplificación administrativa y seguridad jurídica, segundo, cierre del Anillo Insular para vertebrar la isla social y económicamente, y tercero, reducción de la carga impositiva que padecen los ciudadanos y las empresas. Poniendo a la persona por encima de todo, saldremos de la crisis y volveremos a tener un presente y futuro estable y esperanzador.
*PRESIDENTE DE FEPECO