MARÍA FRESNO | Santa Cruz de Tenerife
Somos un país energéticamente dependiente, contaminante y caro. Tres razones que deberían bastar para recibir el decreto que regula el autoconsumo en España con los brazos abiertos. Pero no es así. Los más críticos con el documento, que se encuentra en estos momentos en fase de estudio en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aseguran que acaba de un plumazo con esta actividad en nuestro país porque impone el denominado impuesto al sol, ahora llamado “cargo por otros servicios al sistema”. Se confirma, de este modo, la tesis de que en esta vida no hay nada gratis, ni siquiera la luz del sol.
Evidentemente, el Ministerio de Industria no está de acuerdo con esta afirmación y asegura que la normativa, que acaba de sacar a información pública, además de ser solidaria, permitirá la implantación de este tipo de instalaciones cuando resulte eficiente para el sistema eléctrico en su conjunto, y no individualmente para un consumidor.
Pero, vayamos por partes. ¿Qué es el autoconsumo eléctrico? Básicamente consiste en producir y gestionar la energía que tú mismo consumes. Esto se puede hacer de manera aislada o enganchado a la red eléctrica. El sistema aislado se utiliza para producir energía que consumimos en el instante o almacenamos en unas baterías para un posterior uso, mientras que el sistema de conexión a la red permite verter energía a la red eléctrica para descontarla del consumo de electricidad de nuestra factura, lo que se conoce como balance neto o net metering.
En países como Alemania y Brasil, las políticas fomentan el autoconsumo gracias a un marco regulatorio que permite a los usuarios inyectar su exceso de generación fotovoltaica a la red, para ser consumido posteriormente. Esta opción, que se contempla en casi todos los países del mundo, por ejemplo, no está permitida en España.
El polémico borrador, hecho público esta semana por el Ministerio de Industria, regula esta actividad en nuestro país, lo cual está muy bien, pero imponiendo un peaje sobre el autoconsumo e impidiendo el almacenamiento de electricidad en baterías, lo que ha provocado las críticas del sector de las energías renovables, que ven en esta normativa un auténtico golpe al modelo de generación distribuida. Según establece el decreto, los consumidores que quieran convertirse en autoconsumidores y producir su propia energía mediante fuentes renovables podrán hacerlo sin pagar ningún tipo de impuesto, solo la instalación que se haga en su hogar. Esto es lo que se llama el sistema aislado de autoconsumo. Pero si además quiere estar enganchado a la red, por si hay días sin sol y los paneles no se calientan o por una cuestión de seguridad para no quedarse sin energía eléctrica, tendrá que abonar una tasa de respaldo por la utilización de esa red, que se sumará a la factura de la luz.
Solidaridad
Según el subsecretario de Estado de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento, se trata de una cuestión de “solidaridad” porque el resto de los consumidores estarían financiando una parte del coste de la red que también utilizan los autoconsumidores. “Es lo justo”, dijo Hernández Bento en declaraciones al programa Despierta Tenerife de Teide Radio.
En cambio, Enrique Rodríguez de Azero, presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER) no está nada de acuerdo con esta premisa, y asegura que el Gobierno no se tiene que meter a regular “cómo gestionamos la energía en nuestro hogar o empresa”. “Entiendo que tiene que haber unos trámites administrativos que hay que cumplir e incluso planteamos al Gobierno un sistema de instalación ordenado para evitar el boom, pero no a través de impuestos”. Rodríguez de Azero considera “inaudito” que a día de hoy en España no se permita el balance neto ni los sistemas de almacenamiento a través de baterías que, dicho sea de paso, ya vienen incorporadas en la mayoría de los paneles solares y que, según esta nueva normativa, solo podrán usarse si el sistema de autoconsumo es aislado, es decir, no hay conexión a la red. En caso contrario habrá penalización.
El decreto, en este sentido, es muy claro, la sanción en caso de no cumplir con la legalidad vigente puede ser considerada muy grave y la multa puede llegar a los 64 millones de euros, equiparable a la sanción por un vertido nuclear.
La normativa regula tres tipos de modalidades de autoconsumo: la aislada de la red, con lo cual no pagará canon; la denominada suministro con autoconsumo (instalaciones menores de 100 kW de potencia), y la de producción con autoconsumo. En el segundo caso, el consumidor tendrá que instalar dos contadores, uno para medir la energía proveniente de la red y el otro para la del panel solar. En ningún caso el usuario recibirá contraprestación económica alguna por la electricidad que le sobre y vierta en la red y tendrá los costes del sistema eléctrico igual que un consumidor normal.
Sin contraprestación
En cuanto a la modalidad de producción con autoconsumo, esta se divide en: las instalaciones con una potencia contratada menor a 100 kW y aquellas con una potencia mayor. Los usuarios de esta modalidad también tendrán que pagar los costes asociados al sistema y, en este caso, por la electricidad que inyecten en la red percibirán una remuneración cuya cuantía fijará el Gobierno.
En los tres casos, los autoconsumidores no podrán acogerse a la tarifa regulada y todos están obligados al pago del peaje, que variará en función de la potencia. En concreto, el gravamen oscila entre los 8,9 euros por kilovatio (kW) y los 15,3 euros por kW para potencias inferiores a 15kW conectadas a baja tensión.
En opinión de Rodríguez de Azero, este importe será “suficiente disuasorio”. Además, critica que dicho borrador tiene carácter retroactivo, con lo cual aquellos autoconsumidores anteriores a la norma también tendrán que pagar esta tasa.
En el segmento residencial la tecnología fotovoltaica ya es más que competitiva, “por eso, para que el mercado fotovoltaico de autoconsumo pueda desarrollarse, es necesario reducir las barreras administrativas y crear mecanismos de regulación que creen seguridad y no inseguridad jurídica”.
Conforme a estos criterios, según ACER, los consumidores en un hogar precisan aproximadamente unos 31 años para amortizar su inversión, frente a los 13 años que necesitarían en un entorno más favorable.
Para hacernos una idea de cómo está el panorama del autoconsumo en Canarias, actualmente esta actividad no llega a un megavatio. Una cifra irrisoria si, por ejemplo, tenemos en cuenta que la media de consumo de un hogar es de 3kW a 5 kW y que las Islas producen 167 megavatios de energía fotovoltaica y 164 de eólica. Pero más significativo es decir que en California (EE.UU.) hay de autoconsumo 2.000 megavatios. Comparen.
[sws_grey_box box_size=”620″]Las Islas, ¿beneficiadas?
El decreto establece una reducción del peaje hasta el año 2019 en las Islas para, precisamente, fomentar la introducción de las renovables en el sistema, así como para sobrellevar el coste de la cogeneración de energía en estos territorios. Sin embargo, el presidente de ACER señala que cuatro años es un tiempo mínimo, puesto que debería ser mucho más. Además, indicó que con este decreto el Gobierno puede provocar una “desafección” en los ciudadanos provocando que se desconecten de la red, provocando un encarecimiento de los costes de transporte. “Lo interesante es que el autoconsumo llegara a los hogares y empresas de manera ordenada. Mucha gente redujo la potencia cuando se decidió elevar y modificar los precios de la luz y con la reforma”. Rodríguez de Azero espera que cuando llegue el nuevo Gobierno rectifique esta normativa y relance el autoconsumo y las renovables en Canarias y en toda España. [/sws_grey_box]