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Una medida oportuna – Por Leopoldo Fernández

La Asamblea Nacional francesa acaba de prohibir a los supermercados de más de 400 metros cuadrados la destrucción de productos alimenticios perecederos no vendidos pero aún en buenas condiciones para el consumo, bajo multas de hasta 75.000 euros y penas de dos años de cárcel. Estos establecimientos tienen de plazo hasta julio de 2016 para firmar acuerdos con bancos de alimentos, organizaciones de caridad y ONG o en su caso destinar tales artículos para pienso animal y compost agrícola. La iniciativa persigue una mejor utilización de los alimentos -muchas veces las fechas de caducidad son excesivamente estrictas y dan con ellos en la basura-, evitar las eventuales intoxicaciones que se ocasionan si son rescatados de los contenedores de basura y procurar un mejor control medioambiental. En España se viene hablando de la adopción de una medida similar, que se haría extensible a los restaurantes de cierto nivel, pero ni los distribuidores ni los comerciantes están por la labor pese a que cada año se tiran a la basura unos 7,5 millones de toneladas de productos alimenticios perfectamente consumibles. La realidad es que varias fábricas de víveres y cadenas de súper e hipermercados españolas -aquí, en Tenerife, con una constancia admirable donan comida en grandes cantidades ante la demanda de las ONG que se ocupan de atender a familias acuciadas por la marginación, la pobreza y el paro. Algo más convendría hacer cuando tanta gente pasa hambre todos los días y cara al futuro se advierte un fuerte crecimiento de la población, un imparable aumento de los desperdicios, comestibles o no, y una disminución de los recursos naturales. Según la FAO, con los desechos de comida en buen estado se podría dar de comer a dos mil millones de personas. Pero el problema no debe recaer sólo sobre los puntos de venta alimentaria; los hogares son también responsables de tanto despilfarro -acaparan casi el 42% de los residuos aún aprovechables arrojados a la basura y han de ser los propios consumidores quienes procuren el mejor aprovechamiento de los productos perecederos. Sería oportuno que en Canarias se institucionalizaran acuerdos de colaboración entre las partes interesadas y que se pusieran en marcha campañas de concienciación sobre el cuidado de los alimentos.