Durante estos días los cabildos inician el trabajo de la nueva legislatura. Es buen momento, por lo tanto, para reflexionar sobre la historia, realidad y retos de estas administraciones, las más netamente canarias de cuantas hay en el Archipiélago. El Cabildo de La Gomera, al igual que los del resto de Islas, se convirtió en una pieza fundamental en el régimen administrativo que los Reyes Católicos diseñaron para Canarias. Desde un principio los monarcas otorgaron a estas instituciones amplios poderes en materia de construcción, urbanismo, beneficiencia, comercio o impuestos, entre otros. La época dorada culmina cuando tras la Constitución de 1812 se constituye una Diputación centralizada en Santa Cruz, como capital del Archipiélago, lo que implicó la desaparición de los cabildos. A partir de ese momento se prueban otras fórmulas que no acaban de dar el resultado deseado. A principios del siglo XX, sin embargo, estas instituciones resurgen como instrumento para compensar el centralismo de Tenerife y servir de elemento coordinador de los municipios. La Ley de Cabildos de 1912 supone un hito legislativo; es el primer reconocimiento normativo del hecho insular y ha gozado de una larga y saludable vida. No por casualidad estuvo en vigor, hasta justo el pasado lunes, 15 de junio. Nuestras instituciones más características superaron el color gris del franquismo y resistieron las embestidas del pleito insular. Lo que no es poco. En democracia parecen haber revivido, pese a los vacíos normativos entre los que se han tenido que desenvolver durante estos años. La reciente entrada en vigor de la nueva Ley supone una apuesta firme por reunir en un único texto la práctica totalidad de los problemas y supuestos a los que los responsables de estas instituciones nos enfrentamos diariamente. Además, se abre la puerta a que La Gomera pueda acogerse a lo que se ha dado en llamar Ley de Grandes Ciudades: Un sistema administrativo similar al de los ministerios y consejerías del Gobierno autónomo.

La legislación amplía los poderes del presidente pero a la vez implica mayores niveles de control y transparencia. Hasta una veintena de artículos garantizan la claridad de la gestión pública. Por lo tanto, estamos ante un intento de evitar duplicidades y mejorar recursos. Al amparo de esta ley son numerosos los retos que se le abren a La Gomera: la obligación de ayudar a los municipios en el desarrollo de sus competencias y servicios. Debemos atender de forma preferente a los ayuntamientos con escasa capacidad económica y de gestión y prestarles ayuda en materias como planeamiento, tecnología de la información, administración electrónica y comunicaciones. Nos parece interesante la posibilidad que se abre de asumir el tratamiento de residuos y la prevención de incendios en toda la Isla, línea en la que ya trabajábamos. Los objetivos a alcanzar en los próximos cuatro años no se les escapan a nadie: el principal fijar un marco financiero adecuado para los cabildos. Por lo pronto, hemos obtenido la promesa de que en el plazo de seis meses el Gobierno canario nos presentará su propuesta para que podamos asumir y desarrollar las competencias. Lo he dicho alguna vez durante estos días y lo repito ahora: la próxima será la legislatura del diálogo. El esfuerzo para que así sea debe ser mutuo: del grupo de gobierno, de la oposición, de quienes gobiernan y de los ciudadanos. Porque de lo contrario estaríamos ante un monólogo. Al igual que ocurrió cuando fueron ideadas hace más de quinientos años, las instituciones insulares tienen hoy en sus manos responsabilidades de peso. La creación de empleo, el diseño de la política cultural, el cuidado del medio ambiente, la atención social, la planificación territorial, la próxima gestión de los parques nacionales, la promoción turística, el cuidado de la red de carreteras, apoyo a las empresas, a los agricultores, ganaderos, pescadores… Pero sobre todo, el principal reto es estar siempre al lado del ciudadano, mirarle a los ojos y estar pendientes en todo momento de sus preocupaciones.