NORBERTO CHIJEB | Candelaria

“Seguimos negociando”. Esa fue la escueta frase que dieron a conocer los negociadores del pacto entre socialistas y nacionalistas para gobernar el Ayuntamiento de Candelaria los próximos cuatro años, tras una nueva reunión ayer tarde.

Un pacto que no les gusta ni a unos ni a otros y que, presumiblemente, de concretarse, dejaría una destacada víctima, la propia candidata nacionalista Nazaret Díaz, quien ya ha adelantado a sus círculos más cercanos -incluso, lo dejó caer el domingo en Bajo la Cuesta-, que en caso de firmarse ese pacto renunciaría al acta de concejal, mientras que de no firmarse seguiría ejerciendo cuatro años más en la oposición.

Nazaret Díaz no ha querido ni confirmarlo ni desmentirlo, pero advierte de que es “muy disciplinada” y atiende “el mandado del partido”, por lo que dejó caer que está negociando con el PSOE por imposición del comité insular, que ha tenido a Rosa Dávila como representante en la mesa de negociación, junto al secretario local, Efraín Medina, uno de los pocos de CC en Candelaria que ve con buenos ojos la alianza con los socialistas, que tienen en la mesa a su candidata, Mari Brito, al actual alcalde, José Gumersindo García, y al secretario local, Alfredo Arencibia.

La marcha de Nazaret Díaz no significaría el abandono de los otros cuatro concejales electos (Juan Carlos Armas, Carlos Sabina, Joanna Guanche y José Manuel Cruz), entrando en su lugar, en caso de renuncia, Vaitiare Rodríguez, una de las pocas concejales que le ha acompañado estos cuatro años en los plenos municipales.

La postura de Nazaret Díaz resulta extraña, dado que negocia un pacto en el que no cree y en el que supuestamente ella no va a estar, aunque lo hace en calidad de presidenta del partido en el municipio.

De la reunión de ayer poco trascendió, estando previsto que se reúnan de nuevo hoy, si bien Nazaret Díaz ya ha convocado a sus compañeros de la lista electoral a las cinco de la tarde. Precisamente, ayer por la mañana Díaz tuvo que acudir al Juzgado Número 3 de Güímar para declarar como testigo, junto a una treintena de trabajadores y la exsecretaria municipal Marisa Santos, por las presuntas contrataciones ilegales sobre el personal laboral en el Ayuntamiento.