La parte del PSOE es la que más se cumplió en el pacto 2011-15 con CC

José Miguel Pérez (PSOE) y Paulino Rivero (CC), en una reunión del Consejo de Gobierno. / DA
José Miguel Pérez (PSOE) y Paulino Rivero (CC), en una reunión del Consejo de Gobierno. / DA

DOMINGO NEGRÍN MORENO | Santa Cruz de Tenerife

Es hora de mirar el reloj para no perder el tiempo. A punto de que las agujas borden la alfombra roja de la novena legislatura, el mecanismo de la memoria histórica repasa el despliegue del denominado Acuerdo por la gobernabilidad, la dinamización económica, el empleo y la cohesión social de Canarias (2011-15). Una visión panorámica del documento encuadra el enfoque objetivo de que los compromisos que más se han son los de las áreas coordinadas por el PSOE. En el sentido contrario, las mayores frustraciones (especialmente, en asuntos sociales) se relacionan con departamentos adscritos a CC: listas de espera, prestación de inserción (PCI), dependencia…

En el entorno de los grupos que sustentan al Ejecutivo regional sitúan en el 70% el nivel de aplicación del programa. Aun cuando admiten que “indudablemente” ha habido problemas de gestión, no es menos cierto que las restricciones presupuestarias impuestas por el Gobierno del PP han condicionado la concreción de las propuestas del pacto. Mariano Rajoy entró en La Moncloa en 2012. Los decretos de marras se publicaron entre abril y julio. El tijeretazo afectó de manera sensible a sanidad, dependencia y educación.

Los primeros presupuestos se elaboraron según el criterio de que la Administración General del Estado iba a respetar convenios como el de carreteras, de infraestructuras turísticas o educativas y el de aguas (completamente). También se contaba con el Plan Integral de Empleo (PIEC). Asimismo, se exigió la devolución de los 70 millones del impuesto sobre el tráfico de empresas (ITE). Otro inconveniente fue que las tasas aeroportuarias subieron en vez de bajar. A eso hay que añadir la “descompensación” de la financiación autonómica. El bipartito calcula que el déficit de inversión pública está en los 800 millones.

En el reparto de culpas, resulta engorroso explicar por qué han aumentado la desigualdad y la pobreza o cuál es la causa de los índices de paro y de los ínfimos salarios. ¿A qué se debe que haya tanta gente en riesgo de exclusión social? Puede que en la calle se pregunten si estarán hablando de eso en las negociaciones para la reedición de la coalición. Se desconoce la respuesta.

De 51 páginas, más las cinco del preámbulo, el manual se estructura en tres capítulos: Dinamización económica para promover el empleo, Cohesión social (sostenibilidad de los servicios públicos esenciales) y La nueva Administración de la ciudadanía.

El último apartado se ha desarrollado en su totalidad excepto en lo que respecta a la creación de un Consejo Audiovisual, que se guardó en un cajón por su elevado coste. Por lo demás, el Parlamento alumbró leyes como la de RTVC, de municipios y cabildos, la reforma del Estatuto de Autonomía (al menos, su remisión a las Cortes), normas de simplificación administrativa y la de transparencia. “El régimen jurídico y las decisiones ejecutivas en materia de administraciones públicas debe basarse en la buena gobernanza y la austeridad en el gasto como principio rector de funcionamiento”, se resume en el escrito.

Se da la circunstancia de que, en este periodo, los mayores consensos -junto al REF- se han procurado en la órbita del PSOE: educación, leyes de ayuntamientos y cabildos o transparencia.

En el universo de influencia de CC, destaca el acelerado ritmo de crecimiento económico, con un incremento interanual del 3,1%. El excelente comportamiento del turismo, la tímida recuperación del sector de la construcción y la inversión pública llevan a la Cámara de Comercio y a Caixabank a pronosticar un dato positivo del 3,5% en el conjunto de 2015.

En la actual estructura organizativa, CC se ha venido encargando de seis compartimentos, por tres del PSOE (Educación y Sostenibilidad; Presidencia, Justicia e Igualdad; Empleo, Industria y Comercio). Con la idea de conformar un equipo cohesionado, se diseñó una arquitectura horizontal. Sin torres gemelas.

La oposición generó 12.773 iniciativas

La labor de oposición del PP y del Grupo Mixto (NC-PIL) generó 12.773 iniciativas durante la octava legislatura. Solo los populares presentaron el doble que la suma de CC-PNC-CCN y el PSOE. Concretamente, 10.239. Los socialistas llegaron a registrar 2.829 y los nacionalistas aportaron 2.291 iniciativas entre 2011 y 2015. Con 2.537, el Grupo Mixto defendió 246 más que CC-PNC-CCN.

El número total de iniciativas parlamentarias ascendió a 19.109, 7.630 más que en la séptima legislatura (11.479).

Por tipo, se debatieron 23 proposiciones de ley (19 en la etapa anterior) y 28 proyectos de ley (33 entre los años 2007 y 2011). En contraste con las cinco de la séptima legislatura, en esta ocasión se tramitó una única proposición de ley de iniciativa popular. Las preguntas con respuesta por escrito se dispararon de las 3.298 a las 9.418, mientras que las orales en el pleno variaron ligeramente: de 1.519 a 1.844.

La clasificación personal la lideró el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, con 1.761 iniciativas.Olivia Cedrés (PSOE) no pasó de las 549 en la séptima legislatura.