El recurso de los afectados de Bajo la Cuesta no podrá ser atendido

Uno de los vecinos, por fuera de su casa en Bajo la Cuesta, con el acantilado y la TF-1 a sus espaldas. / FRAN PALLERO
Uno de los vecinos, por fuera de su casa en Bajo la Cuesta, con el acantilado y la TF-1 a sus espaldas. / FRAN PALLERO

“El recurso de reposición no podrá ser atendido hasta que se presente un informe técnico que lo avale”, comentó ayer la alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, acerca de la polémica suscitada por el decreto de desalojo de las casas-cueva de Bajo la Cuesta y que los vecinos no han atendido de manera voluntaria.

La regidora municipal indicó que el Ayuntamiento tiene un mes para contestar al recurso de reposición interpuesto por el abogado de los vecinos, José Ortega, y comentó que “todavía no sabemos lo que vamos hacer con él”, aunque dejó abierta la posibilidad de ejecutar el decreto por la vía judicial antes de ese plazo porque, según los juristas municipales, “los procedimientos no tienen que ver uno con otro”. Mari Brito espera la confirmación definitiva de la Policía Local de que los vecinos de Bajo la Cuesta no han abandonado voluntariamente sus casas, algo que podría ocurrir mañana jueves, para luego “remitir el expediente al juzgado” y que “nos den el consentimiento para desalojar”, comentó la alcaldesa de Candelaria, quien ayer confirmó que todavía no había hablado con el abogado de los vecinos.

El letrado José Ortega, por su parte, espera poder hablar con ella para trasmitirle la necesidad de una “suspensión cautelar” y la de realizar “otro informe”, porque entiende que los vecinos de Bajo la Cuesta “han estado indefensos y se les ha atropellado antidemocráticamente al no entregarle el informe externo que encargó el Ayuntamiento cuando este lo recibió antes de las elecciones municipales”. Ortega insiste en la ilegalidad del procedimiento porque “nuestro recurso es muy sólido y está fundamentado en que se han tardado cinco años en un expediente administrativo, cuando el máximo permitido son tres meses”, en referencia al primer expediente de desalojo del 26 de febrero de 2010, que para él es el mismo, mientras que para los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Candelaria son dos procedimientos distintos, aunque la alcaldesa reconoció que “es cierto que en la orden de desalojo se recogen los antecedentes de 2010”.

Para Ortega, la situación ahora mismo “es contradictoria” , aunque está convencido de que sus defendidos no se moverán de sus casas, si bien teme que pueda llegar la sentencia que les obligue a marcharse, porque “si hay una apelación a ver cuál es el guapo del juez que se hace responsable de que una piedra pueda caer y matar a alguien”, comentó el letrado, quien cree que tras este decreto de desalojo, “definitivo, que no temporal”, firmado por el anterior alcalde el 12 de junio, sobrevuela el rumor “al que antes no le daba crédito y ahora sí”, de que en Bajo la Cuesta hay proyectado “un gran puerto deportivo con zona residencial, una especie de Radazul 2”, desveló José Ortega. Ese proyecto, por cierto, está recogido en el planeamiento insular.

Mientras tanto, el centenar de residentes en Bajo la Cuesta sigue haciendo su vida habitual, inquietos pero a la vez seguros, entre el acantilado y el mar.