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La salud tiene precio

“En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico de la sanidad pública porque era muy caro?”. / DA
“En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico de la sanidad pública porque era muy caro?”. / DA

SARAY ENCINOSO | Santa Cruz de Tenerife

No se acuerdan de cuándo fue la última vez que llenaron el carro de la compra, las pasan canutas para pagar cada mes las facturas, no pueden comprar ropa nueva para sus hijos y solo adquieren las medicinas que son imprescindibles. La exclusión social tiene múltiples formas de manifestarse y el acceso a los medicamentos es una de ellas. Desde que se generalizaron las dificultades económicas, las ONG han tenido que renovar y ampliar su catálogo de servicios. Muchas incluyen ayudas sanitarias, ya sea para costear fármacos o desplazamientos para recibir los tratamientos. Pero, ¿para cuántas personas es un problema?

Los únicos datos públicos en España para calibrar la incidencia de este fenómeno son los que se desprenden del Barómetro Sanitario. Este sondeo, elaborado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), incluyó en su última publicación, que hace referencia a 2013, la siguiente pregunta: “En los últimos doce meses, ¿ha dejado de tomar algún medicamento recetado por un/a médico de la sanidad pública porque era muy caro?”. El 9,97% de los canarios encuestados contestó afirmativamente. El porcentaje fue casi el doble que la media española, que se situó en el 5,2%. Es imposible hacer una comparación para ver la evolución: nunca antes se había preguntado sobre este tema ni se ha vuelto a hacer.

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, Guillermo Schwartz Calero, evita hablar de percepciones y lamenta la falta de datos más fiables. “La situación que teníamos todos en 2013 no es la misma que la de hoy. Si la ley nos lo permitiera, lo que habría que hacer es cruzar los datos de Prescripción y de Dispensación, y esto nos daría una imagen a tiempo real, a día de hoy, de lo que realmente se prescribe y lo que realmente se les dispensa a los pacientes. Luego habría que preguntar qué circunstancias se han dado para que esta medicación no fuera dispensada”. En cualquier caso, Schwartz insiste en que situaciones en las que una persona tiene que elegir entre comprarse un medicamento o ir al supermercado no deben darse en sociedades desarrolladas. “La resolución del problema supera la capacidad de acción de un profesional sanitario. Lo que hay que hacer es evitar que se den situaciones así. Si eso ocurre estaríamos ante una tremenda injusticia social”.

Cruz Roja entregó 1.600 ayudas económicas para comprar medicamentos en Canarias en 2014

Desde 2013 la facturación de las farmacias ha descendido, pero el responsable provincial lo achaca al descenso paulatino que ha experimentado el precio de muchos medicamentos en España, algo que, en su opinión, no tiene por qué ser malo, pero no debe de ser la única variable a estudiar para chequear el sistema sanitario. “Lo que deberíamos hacer es medir y valorar los resultados en función del presupuesto gastado en salud”.

Olga Nazco, responsable provincial del programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social de Cruz Roja, se fía más de sus percepciones. Está convencida de que cada vez hay más personas que no se medican como debieran por falta de recursos. Basa sus opiniones en el contacto diario con los usuarios que acuden a la entidad. El programa que coordina Nazco incluye unas ayudas específicas para fármacos. Fue una de las novedades que incorporó la ONG hace años, cuando la crisis obligó a redibujar la cartera asistencial de la organización. “Cuando comenzó la crisis también empezamos a repartir alimentos; antes no lo hacíamos. Hemos tenido que ir adaptándonos a las necesidades de las personas: damos comida, subvenciones para pagar las facturas de la luz y el agua o la vivienda… y, también, para medicamentos”.

Solo el año pasado entregaron 1.600 ayudas para luchar contra lo que se denomina “pobreza sanitaria”. Nazco prefiere, no obstante, hablar del total de paquetes de ayudas diseñado para paliar la exclusión social, sea atacando un frente u otro. “Entre 2013 y 2014 aumentó en un 13% el número de usuarios atendidos”. A su juicio, esta evolución pone de manifiesto que la desigualdad y la pobreza, lejos de atajarse, se han incrementado durante los últimos años. “Vienen muchas personas que nunca habían pedido ayuda. Al principio les da vergüenza porque no están acostumbrados. Acaban acudiendo a nosotros cuando se les acaban los ahorros y sus familias no pueden ayudarles más”, narra.

Los profesionales sanitarios tienen poco margen de maniobra para paliar estas situaciones. “Creo que, más allá de intentar convencer al paciente de la necesidad de seguir con el tratamiento prescrito, lo que hay que hacer es establecer unos criterios para que esta situación no se dé cuando se detecte. Los mecanismos para evitarlo los tiene que poner el Gobierno. La solución es relativamente fácil: hay que hacer posible que quien no tenga dinero mantenga el acceso a la medicación y eso pasa por hacer que las exenciones al copago y los topes del copago se apliquen y si lo que tenemos no es suficiente, añadir más exenciones y otros topes al copago”, explica Schwartz.

A finales del año pasado, Cruz Roja revelaba que el 35,1% de los 2.400.000 atendidos por Cruz Roja en programas dirigidos a la población vulnerable tenía dificultades económicas para cubrir los gastos relacionados con la salud, es decir, al menos 840.000 personas en España eran incapaces de costearse las medicinas que no cubría la seguridad social. La reforma sanitaria impulsada por el Gobierno en 2012 cambió el sistema de pago de los medicamentos y excluyó más de 400 de la financiación pública. El llamado medicamentazo ha tenido efectos nocivos en el día a día de muchas familias, sobre todo de jubilados y personas que no habían trabajado antes de la crisis y que ahora, aunque lo necesitan con urgencia, no encuentran un empleo. Con la nueva ley, los pensionistas empezaron a pagar el 10% del precio y se modificaron las aportaciones del resto de ciudadanos en función de su renta. Una de las medidas fue que los parados de larga duración empezaron a no pagar nada por sus medicinas; sin embargo, fuera de ese limbo de protección se quedaron muchas personas sin ingresos que no entran en esa categoría y que sí tienen que aportar el 40% del coste.

El número de usuarios del programa de pobreza creció el 166% en toda España, según la ONG

El parado de larga duración es aquel que ha trabajado, ha recibido prestación y se le ha acabado el subsidio. Pero ¿qué ocurre con las miles de mujeres que habían dedicado su vida a trabajar pero en casa? ¿O las que lo hicieron en la economía sumergida?

Hay muchas variantes que se han quedado en los márgenes de la legislación. Por eso, no es raro que en las zonas más deprimidas los pacientes pidan a los médicos que les receten lo más barato. No obstante, desde hace tiempo, la directriz que tienen los profesionales es recetar los medicamentos genéricos, que tienen un coste menor.

Nazco está convencida de que esta ley ha hecho más difícil la vida de muchas personas. “Los usuarios que vienen a Cruz Roja eran, hace pocos años, miembros de familias “normalizadas”, es decir, personas perfectamente integradas y que nunca antes habían necesitado ayudas sociales. Suelen dejar de tomar las medicinas de las enfermedades que no duelen, como los fármacos para la diabetes o la tensión. Es más fácil dejar estos tratamientos porque se trata de dolencias donde no se nota inmediatamente el abandono del tratamiento”.

En Cruz Roja lo tienen muy claro: la salud tiene mucho que ver con el dinero.