lunes mineral

Sombras de fraude

Escribimos recientemente sobre la denominada economía colaborativa, según los expertos, una suerte de revolución abrazada a las nuevas tecnologías. Su filosofía, ya lo dijimos, se basa en compartir en vez de poseer. Para entendernos: un sistema cuyos fundamentos son intercambiar bienes y servicios por medio de plataformas electrónicas. Un empresario nos alertó de inmediato: cuidado, porque el asunto se presta a confundir economía colaborativa con economía sumergida.

Y desde el sector turístico, precisamente, llegan las reacciones. Un estudio encargado por Exceltur a una firma especializada constata que la economía colaborativa puede estar generando en nuestro país un fraude de cuatrocientos treinta y dos millones de euros anuales. Y cita el informe del caso concreto de los 2,7 millones de plazas que se comercializan como viviendas de alquiler turístico, los cuales superan los 2,4 millones de camas regladas. Precisa que un millón de esas plazas están gestionadas por las diez primeras plataformas P2P, abreviatura de la locución inglesa peer to peer, que se traduce como “red de pares” o “red entre iguales”, es decir, una red digital en la que se funciona de igual a igual, sin clientes ni servidores fijos. Las citadas plataformas propician el intercambio directo de información en los ordenadores interconectados. Una de las conclusiones del estudio es que la vivienda de uso turístico no genera nueva demanda “ya que el cliente posee un perfil sociodemográfico muy similar al del usuario de la oferta reglada. No es un turista nuevo y no dejaría de visitar un destino si no tuviera esa opción alojativa”. En este mismo contexto, se señala que “su principal motivación a la hora de escoger este tipo de oferta es conseguir un mejor precio, además de disponer de una mayor amplitud de espacio y cocina para disfrutar de sus comidas sin salir de casa. La búsqueda de experiencias es, a día de hoy, un objetivo marginal para estos turistas en España, mencionado sólo por un 6% de los encuestados. El destino sigue siendo el primer elemento de elección del viaje”.

Saltan entonces las dudas sobre la bondad de la fórmula y los fantasmas del fraude a partir de aspectos del sistema no regulados y de posibles tratamientos fiscales no contributivos, de manera que el informe encargado por Exceltur anticipa un potencial fraude que ronda los cuatrocientos treinta y dos millones de euros anuales (¡qué genios de la lámpara son algunos para enriquecerse de forma tan fácil!) que es el resultado de aplicar un tipo impositivo medio del 21% a los dos mil cincuenta y cuatro millones de euros que, según cálculos, es la cantidad de las rentas anuales de los arrendadores particulares, “en el caso de que ninguno de estos propietarios -señala el informe- estuviera declarando esos ingresos”. El citado empresario nos advierte: no pagan IVA o IGIC, no dan de alta a trabajadores, no cumplen legislación ni de seguridad ni de higiene ni de prevención… Ni de comercio electrónico siquiera. Los efectos sobre ingresos fiscales, sobre competidores que están maniatados con cientos de normas para operar, sobre garantías a los consumidores, sobre residentes en las áreas, sobre el empleo mismo, son inquietantes.
Con tales incertidumbres, es natural que brote la duda: ¿de verdad estamos ante una economía colaborativa? ¿O será mejor ir hablando de un nuevo método de fraude, del que en Canarias el time-sharing fue un amargo e inescrupuloso aperitivo?