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La única proposición popular de la legislatura está en tramitación

D. N. M. | Santa Cruz de Tenerife

La iniciativa legislativa de la Comunidad Autónoma de Canarias corresponde al Gobierno, a los diputados regionales o a un Cabildo. También pueden ejercerla “los ciudadanos mayores de edad, inscritos en el centro electoral, que gocen de la condición política de canarios”.

Esta circunstancia se produce no con mucha frecuencia. Si en la séptima legislatura se cursaron cinco proposiciones de este tipo, en la que concluyó con las elecciones del 24 de mayo solo figura una. Y, curiosamente, su situación administrativa aparece señalada en la web oficial con la etiqueta de “en tramitación”. Se trata de la de fomento de las energías renovables en Canarias, creada el 9 de abril de 2015. El boletín de la Cámara publicó su admisión a trámite el 29 de ese mes. El escrito lo presentaron María Concepción Brito Núñez y otras 10 personas, constituidas en la correspondiente comisión promotora. Una vez examinada la documentación, se recaba el preceptivo informe del Consejo Consultivo. Cumplidos los requisitos, la Mesa lo comunica a los promotores al objeto de que se inicie la recogida de firmas. Esta se hará “en papel timbrado, en el que obligatoriamente se reproducirá, como encabezamiento, el texto de la proposición”. La rúbrica va acompañada de la identificación habitual. El operativo finalizará a los tres meses desde la notificación de la documentación. Los pliegos se entregarán en la secretaría general del Parlamento dentro de los seis días siguientes al vencimiento del plazo referido.

Presidida por el Diputado del Común e integrada por cuatro parlamentarios elegidos en el pleno, la Junta de Control verificará la autenticidad de las firmas y atenderá las reclamaciones pertinentes. Si el número de las válidas es igual o superior a 15.000, la Mesa ordenará la publicación de la proposición de ley con vistas a su incorporación al orden del día de un pleno para la toma en consideración. Para su defensa, la comisión promotora podrá designar a uno de sus representantes. La Administración compensará los gastos “debidamente acreditados” en una cuantía máxima que se actualiza periódicamente en los presupuestos.

Los procedimientos de esta naturaleza que estuvieran en tramitación al disolverse el Parlamento no decaerán. Reanudarán su recorrido sin necesidad de regresar al punto de partida.

Entre 2007 y 2011 se plantearon proposiciones de ley para la renovación de la planta alojativa turística y la contención de su crecimiento; para la defensa y promoción de la salud y la sanidad pública en Canarias (“en tramitación”); de alimentación ecológica en centros escolares; de educación, y de préstamos o hipotecas sobre bienes inmuebles.

Por otra de las ventanas abiertas a la participación ciudadana entraron en los últimos cuatro años 31 preguntas de iniciativa popular, tres más que en el periodo anterior. 11 están en la fase de tramitación.