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Los vecinos de Bajo la Cuesta se “atrincheran” en sus viviendas

Un vecino riega las plantas en la única calle del barrio, a primera hora de la mañana de ayer. | FRAN PALLERO
Un vecino riega las plantas en la única calle del barrio, a primera hora de la mañana de ayer. | FRAN PALLERO

NORBERTO CHIJEB | Candelaria

El centenar de vecinos que habitan las 54 viviendas-cuevas de Bajo la Cuesta confirmaron ayer que se “atrincheran” en ellas para desoír el decreto de desalojo impuesto desde el Ayuntamiento de Candelaria por riesgos de desprendimientos y avalancha.

Aunque en algunos casos el plazo de desalojo voluntario de las viviendas de Bajo la Cuesta expiraba ayer, no será hasta hoy cuando la Policía Local visite la zona para, siempre a través de una inspección ocular, confirmar que los vecinos han atendido o no la orden municipal de abandonar sus casas.

Por tanto, el día de ayer en Bajo la Cuesta fue un día normal, con la salvedad de que se dieron cita en el pequeño barrio muchos visitantes, entre periodistas -incluso de cadenas nacionales de televisión- y curiosos, mientras los residentes atendían sus quehaceres diarios y además seguían amontonando madera y leña para realizar todos juntos la hoguera de San Juan.

Antonio Oliva, el presidente de la asociación de vecinos, se mostraba tranquilo -“de momento”, dijo- y señaló que creía “que hasta mañana (por hoy) no irá la Policía por allí”, aunque reafirmó que “todos han decidido quedarse y en esa lucha continuaremos”, siguiendo los pasos marcados por el abogado valenciano, José Ortega, que les ha recomendado no moverse de sus viviendas, “de donde nos les van a sacar ni el Ejército” comentó hace unos días, a la espera de que el Ayuntamiento mueva ficha y termine llevando el decreto al Juzgado, algo que ocurrirá previsiblemente la próxima semana, cuando se confirme que no se ha producido el desalojo voluntario. En caso de que el asunto llegue al Contencioso-Administrativo, el litigio, pronosticó el letrado, “puede durar años”.

Brito: “Tiene que actuar el Gobierno”
Mari Brito, alcaldesa de Candelaria, confirmó ayer que ningún vecino ha solicitado el realojo que se les ha ofertado desde Servicios Sociales y así anuncia que si no se atiende al decreto de desalojo voluntaria se verá obligada a remitir otro decreto y enviar el expediente al Juzgado. La regidora municipal afirma que “estamos cumpliendo los plazos estipulados” y entiende que los vecinos hayan presentado un recurso de reposición, pero “el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas” y será finalmente un Juzgado quien dictamine si procede el desalojo o no. Mari Brito recordó que ya en 2010 se decretó el desalojo, que “el Gobierno de Canarias consideró en aquella ocasión desproporcionado”, pero se ha retomado ante la denuncia de un vecino en enero por la caída de una gran piedra sobre su vehículo. La alcaldesa se sorprende de que el Gobierno de Canarias no haya realizado un informe sobre la seguridad del talud y exigió que “debe de actuar, porque nosotros no tenemos competencias para asegurar el acantilado”, finalizó.