Acaban de darse un batacazo electoral de mil pares de diablos y ya han vuelto a las andadas. Estos chicos del PP no aprenderán nunca. Bueno, los chicos y chicas del PP no. Su presidente nacional, Mariano Rajoy, responsable máximo del partido. Y del gobierno que no deja de asombrarnos. Cuando parecía que iban a sacar lecciones de lo acontecido el domingo 24 de mayo pasado, va el gallego y se saca de la manga una reforma legal para amordazar a los medios de comunicación. Concretamente a prensa y televisiones. No quiere el caballero que los medios audiovisuales difundan fotos o películas de los imputados por delitos de corrupción a su entrada o salida de los juzgados. Y le ha encargado al ministro de Justicia y notario mayor del reino que le prepare una reforma que prohíba ver el careto de los imputados por corrupción reflejado en papel impreso, en los medios digitales y, por supuesto, en las televisiones. Rafael Catalá Polo, solícito, a pesar de su formación como jurista, ha acudido raudo y ya está consensuando con CiU (Convergencia y Unión, es decir, los catalanes) que la norma salga adelante. Las malas lenguas de la villa y corte afirman que el PSOE podría alinearse con los defensores de esta ley mordaza, cosa que no me creo ni por asomo, aunque, tal y como está el patio, no me extrañaría de la cúpula socialista se pusiera de parte de los censores, Dios no lo consienta. Porque resultaría muy, pero que muy fuerte de entender, además de imposible de explicar por un partido que se define demócrata y cuyos padres de la patria, salidos de las filas del socialismo, contribuyeron, como pocos, a redactar y defender el contenido del sacrosanto artículo 20 de nuestra carta magna. Lo que Rajoy pretende -y por ello recurre a CiU- es tapar las vergüenzas de los corruptos o pendientes de ser procesados por corrupción que hay en su partido y en otros. ¡Qué mejor aliado que CiU, que tanto ha tapado y tiene que tapar a un ya nada honorable expresidente de la Generalitat, llamado Jordi Pujol, casado con Marta Ferrusola y progenitores, ambos, de una prole que está siendo observada con lupa por la ciudadanía y, al decir de muchos, no tanto por ciertos jueces. Y Rajoy quiere acallar voces discrepantes muy a pesar de que el mayor batacazo se lo ha pegado en Madrid, Valencia, Baleares y Castilla La Mancha, es decir, sus convulsos feudos.

Rajoy es un experto en contratar tecnócratas que no rechisten y obedezcan sus órdenes a rajatabla. Ahí tienen a la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, hacedora de la reforma laboral que ha esclavizado a los trabajadores de este país, poniéndoles a los pies de los caballos y a merced de empresarios por lo general reacios a comprender los principios de la justicia social. Y ahí tienen al ministro de Justicia tratando de poner una venda en las cámaras de los reporteros gráficos y de los cámaras de televisión cuando se trate de fotografiar a Bárcenas, Rato, Blesa, Matas, los sonados apellidos de la trama Gürtel y, por qué no decirlo, de los capitostes del PSOE andaluz que, al igual que ilustres catalanes, decidieron en su día meter la mano en la lata del gofio. A Rajoy nunca le ha importado que fotografíen a La Pantoja, o a cierto torero beodo que causó la muerte de un ciudadano cuando conducía ebrio, viudo él de una conocida tonadillera. Lo que no quiere el gallego es que le pongan colorado viendo en los telediarios a ilustres ex-miembros de gobiernos del PP cuyas caderas engordaron repentinamente después de haber pasado por Bankia.
Si le permitimos que la reforma legal se apruebe, mejor será que apaguemos la luz de la democracia y nos escondamos en profundas cavernas de recónditos lugares y a recaudo de esbirros y dictadorzuelos…