En un auto dictado el pasado 29 de junio, y divulgado ayer por la PAH, la juez Eva Esther Juárez aprecia que “no está debidamente justificada la perpetración del delito”, en este caso la usurpación de un bien inmueble, tras las diligencias practicadas y la toma de declaración al vecino imputado, por lo que decreta el sobreseimiento provisional de las actuaciones. En la resolución se remite, en tal caso, este litigio a la jurisdicción civil, en la que en abril de 2014 ya el Juzgado de Primera Instancia Número 4 desestimó la pretensión de Bankia de recuperar la posesión de estas viviendas, al haber expirado el plazo legal para ello, al tiempo que emplazaba a valorar en el juicio correspondiente las circunstancias de extrema necesidad de los inquilinos.
La portavoz de la PAH, Inma Évora, aclaró que si bien esta denuncia penal se refiere a una de las familias ocupantes del edificio, otra ya fue citada por el Juzgado, por lo que deduce que Bankia hará la propio con las demás, salvo que este archivo le disuada. Se trata de una construcción en la calle de Juan Rodríguez Santos, que la entidad financiera se adjudicó tras el impago de la hipoteca por la promotora, y que los denunciados ocuparon tras llevar años vacía.
La PAH subrayó que los denunciados son familias en riesgo de exclusión social, en paro, con menores a cargo, y se quejó de que Bankia, pese a recibir ayudas públicas, ha puesto en marcha “toda una batería de medidas coercitivas para conseguir intimidar a estas familias, como llamadas de teléfono o cartas, contratando incluso a empresas y personas dispuestas a hacerse pasar por trabajadoras sociales que les visitaban en sus domicilias y les instaban a marcharse”. Los afectados dicen estar dispuestos a irse si tienen una vivienda alternativa adaptada a su situación económica, aunque apuntan que llevan tiempo esperándola del Ayuntamiento santacrucero -cuyos Servicios Sociales conocen su caso-, que les ha asegurado el suministro de agua.