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Canarias pide la convocatoria urgente de la Comisión General de Comunidades del Senado para tratar la LOMCE

El Gobierno de Canarias ha acordado en su reunión de este sábado solicitar la convocatoria urgente de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado para tratar la situación actual de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE).

Así lo anunció la consejera de Educación y Universidades, Soledad Monzón, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que comentó que solicitará que el único punto en el orden del día sea la ‘Valoración de la situación actual del proceso de implantación de la LOMCE en cada uno de los territorios y, en su caso, adopción de los acuerdos oportunos’.

Con esta decisión, la Administración autonómica ha querido mostrar su rechazo a las disfunciones detectadas en el nuevo sistema, “que se ven acentuadas por los cortos plazos de adaptación, aunque, por tratarse de una Ley Orgánica, sigue trabajando intensamente para aplicarla mientras el Estado no cambie de criterio, con el fin de perjudicar en la menor medida posible a la Comunidad Educativa canaria”.

De esta manera, la responsable del área señaló que el Ejecutivo canario tomó esta decisión al entender que la nueva Ley se aprobó sin el necesario consenso, y que no responde a las necesidades educativas reales de la población de las islas.

Además, expuso que la misma “carece de una ficha financiera suficiente para su implantación y, sobre todo, establece unos plazos de muy difícil cumplimiento”.

CANARIAS PROPONE DETENER LA IMPLANTACIÓN DE LA LOMCE
Ante estas carencias, Monzón destacó que el Gobierno de Canarias propone detener la implantación de la Lomce y abrir un proceso de diálogo sobre todas las debilidades y carencias detectadas en el nuevo sistema, desde el mismo momento de su implantación.

Así, podrá alcanzarse un consenso general que permita mejorar el sistema e implantarlo de una manera más racional y, ante todo, más pausada, de modo que su desarrollo se adecue a las capacidades reales de adaptación curricular y financieras, tanto del Estado como de cada una de las Comunidades Autónomas.

Para la consejera, entre los desaciertos de la Ley, figura la creación de la denominada Formación Profesional básica que amplía de uno a dos años su duración, con lo que incrementa un año la escolarización obligatoria, con la consiguiente necesidad de dotación de nuevos recursos humanos y económicos, en el escaso margen temporal que exige el calendario de implantación vigente.

Del mismo modo, incidió en la necesidad “urgente” de mayores dotaciones con la obligación de duplicar los cursos de 3º y 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), al imponer dos vías alternativas para la formación del alumno: la académica y la aplicada.

“La LOMCE -continuó la consejera- establece una serie de pruebas añadidas a la superación de los cursos académicos ya establecidos, que complican de forma injustificada la progresión de los alumnos.

Por su parte, apuntó que la Ley obliga a realizar exámenes adicionales a los estudiantes que superen todas las asignaturas de 3º y 6º de Educación Primaria, 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

“Si bien las de Primaria no suponen un freno a las posibilidades del alumnado de pasar de curso, no superar las de ESO o Bachillerato, impiden al estudiante continuar sus estudios, perdiendo un año académico hasta las pruebas del curso siguiente, aunque hayan superado todas las asignaturas”, aseveró.