Controvertidos casos como el de la residencia Sol de Otoño de Tías, en la isla de Lanzarote, donde supuestamente se maltrataba a los ancianos, pusieron sobre la mesa los resquicios que utilizan algunos para lucrarse a costa de las personas dependientes. Por este motivo, el Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Políticas Sociales, venía trabajando desde hace tiempo en la modificación del Reglamento regulador de los centros y servicios que actúan en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de dependencia en el Archipiélago.

Dicha modificación, que se publicó el pasado 3 de julio en el BOC, pretende fundamentalmente fomentar la calidad en el empleo, promover la profesionalidad y potenciar la formación en aquellas entidades que aspiren a gestionar prestaciones o servicios para el colectivo de dependientes. Por ello, Canarias revisará la acreditación de todos los centros, servicios y entidades que actúen en este ámbito de la autonomía personal y la atención a la dependencia, al objeto de garantizar el derecho del colectivo de dependientes a recibir unos servicios de calidad.

El nuevo reglamento expone igualmente que esta acreditación “implica la garantía del cumplimiento de los requisitos y los estándares de calidad” fijados, ya que el incumplimiento de los mismos conllevaría el cierre de la instalación.

Como ha venido publicando este periódico, en el último año la Consejería ha emitido apercibimientos de cierre a cinco residencias privadas de mayores del Archipiélago, por “reiterados incumplimientos de la normativa”. Ello no quiere decir que en estos centros se hayan producido situaciones de maltrato como las que captó un programa de televisión en Lanzarote, ya que si hay denuncias es la Fiscalía quien interviene. “Se trata de procedimientos administrativos que conllevan sanciones económicas y pueden culminar con el cierre”, informaron desde el departamento regional, donde recalcaron que “muchos empresarios recurren en dos y tres ocasiones las sentencias, que no se pueden ejecutar mientras no haya una decisión firme”.

No en vano, muchas residencias llevan meses en el punto de mira de la Consejería por presentar distintas irregularidades, que pueden ir desde deficiencias en la instalación a contratación irregular del personal. En este sentido, desde Políticas Sociales recordaron que antes incluso de que se aprobara la Ley de Dependencia, Canarias ya contaba con una normativa y un decreto muy restrictivo en materia de infraestructuras para mayores.

Con la puesta en marcha de este nuevo reglamento, las Islas dan un paso más en su objetivo de implantar una red de centros acreditados en un plazo máximo de cinco años.

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Cobertura para los profesionales

Una de las principales novedades que se introducen en el nuevo reglamento es la de incluir a los trabajadores autónomos como prestadores de servicios profesionales a personas en el ámbito de la dependencia, una posibilidad que aunque ya venía contemplada en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, quedaba desdibujada en decretos posteriores, por lo que su inclusión ahora con carácter general se ajusta a la legislación básica en la materia.

De igual modo, también se modifican los criterios referidos a las infraestructuras físicas de los centros y servicios, ampliando los límites que venían reconocidos en la Disposición transitoria tercera del Decreto 67/2012, de 20 de julio. Así, ahora se establece la posibilidad de las acreditaciones temporales parciales. En ese caso, las residencias podrán ser objeto de una acreditación temporal parcial respecto de aquellas instalaciones o dependencias que, por su diferenciación e individualización del resto, constituyan una unidad organizada funcional y materialmente para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia.

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