El Gobierno canario votó ayer en contra del objetivo del déficit público autonómico del 0,3% del PIB el año que viene, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrado ayer en Madrid bajo la presidencia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que rechazó dar un margen diferente a cada autonomía en función de su situación financiera y sus necesidades. El acuerdo solo fue apoyado por regiones que gobierna el PP (Castilla y León, Murcia, Madrid, La Rioja y Galicia).
A la reunión asistió la consejera canaria de Hacienda, Rosa Dávila, quien reclamó mayor capacidad de gasto para reforzar los servicios públicos esenciales al haber cumplido con los objetivos de déficit y deuda pública pese a ser una de las autonomías peor financiadas del Estado.
Montoro rechazó la petición de Canarias a la hora de modificar el límite de gasto aduciendo que es necesario una reforma legislativa que no se podrá llevar a cabo en la presenta legislatura. “Creemos que es necesario que el Gobierno central contemple el esfuerzo realizado por las comunidades autónomas que, como Canarias, presentan menores tasas de endeudamiento respecto a su PIB”, recalcó Dávila.
Por otra parte, Canarias se alineó con las autonomías que estaban en contra de un déficit asimétrico. A juicio de la consejera, el Ejecutivo central debe ser flexible con todas las comunidades autónomas a la hora de afrontar sus compromisos, “y no sólo con las que han incumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública fijados por el Ministerio de Hacienda”. En este punto fue tajante al afirmar que “no se puede castigar a aquellas autonomías que, como Canarias, han cumplido”, según informó su Consejería en una nota. Asimismo, Dávila volvió a rechazar el reparto del déficit entre la Administración central y las autonomías “al no respetar el peso real del gasto que soporta cada una de estas administraciones”. La consejera entiende que la distribución realizada beneficia claramente al Gobierno central en detrimento de las comunidades autónomas, “que son las que sufragan los servicios públicos esenciales, es decir, la sanidad, la educación y las políticas sociales y, además, son las que mayor esfuerzo han realizado”.