TRIBUNALES

El ‘catastro paralelo’ funcionó en la provincia durante al menos 10 años

El llamado catastro paralelo, una supuesta trama para obtener beneficios de determinadas irregularidades en dicho registro que ya provocó una redada de la Guardia Civil en junio de 2014, funcionó en la provincia de Santa Cruz de Tenerife durante al menos 10 años, si bien uno de los implicados declaró que el inicio de este tipo de actividades se remonta al año 2000, en información captada en fuentes cercanas a la investigación.

Además, los especialistas del Instituto Armado asignados a este caso (que destaca por la complejidad que implica el gigantesco volumen de información que se maneja) consideran probado que las actividades del catastro paralelo son las propias de una organización criminal y que esta, presuntamente, estaba compuesta por cinco integrantes. Tal consideración viene a cuento al tratarse de más de dos personas, que la actividad en cuestión se prolonga en el tiempo y que los ahora acusados se coordinaban en distintas tareas.

Entre estas cinco personas figuran dos agentes inmobiliarios, el trabajador de una notaría y dos funcionarios: una jefa de área y un responsable informático de la oficina tinerfeña.

Se ha investigado modificaciones de bases, trámites de expedientes y venta de datos

Precisamente, los investigadores de la Benemérita sostienen que un ardid informático permitió que la trama perdurase durante tanto tiempo, ya que las anotaciones supuestamente irregulares figuraban con la firma de la responsable del propio catastro, ajena a toda la trama según lo investigado por la Guardia Civil. Es más, desde un primer momento tanto el Instituto Armado como la Dirección General del Catastro han defendido la inocencia de la responsable del catastro en la provincia, así como agradecido su total colaboración para facilitar el trabajo de los agentes asignados al caso.

Sea como fuere, el Catastro provincial tinerfeño funcionaba con un proceder informático que a toro pasado se antoja todo un despropósito desde la perspectiva de la seguridad: como los funcionarios tenían facultad decisoria para realizar actos administrativos con plenitud de efectos jurídicos bajo la firma de otro, ello permitió en la práctica la creación de ese catastro paralelo cuyos servicios supuestamente fueron ofrecidos a buena parte del sector inmobiliario provincial. De esa amplia difusión de tal suerte de mercado negro de la inscripción catastral deviene el hecho de que, aparte de los cinco presuntos responsables de la trama, hay un rosario de imputados por haberse beneficiado de la misma.

La cifra exacta de cuántos son esos imputados no ha trascendido, pero se especula sobre una veintena. Además, hay que tener en cuenta que la investigación sigue abierta por sus ramificaciones en las islas no capitalinas.

Los correos y el WhatsApp, claves para sostener la acusación de los investigadores

Retomando el hilo del ardid informático en cuestión, lo cierto es que si bien (siempre según la teoría de los investigadores) facilitó el hecho de que nadie detectase con anterioridad las irregularidades descritas, no ha sido al parecer suficiente para borrar la huella de las mismas. Los especialistas asignados al caso se muestran satisfechos de los resultados de cerca de un año de trabajo que está arrojando el análisis de la documentación intervenida a los sospechosos, y se muestran confiados de lo descubierto en los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp de los mismos.

Por último, apuntar que básicamente se acusa a la trama de beneficiarse económicamente de realizar determinadas irregularidades que pueden resumirse en la modificación de bases catastrales, la tramitación de expedientes y la venta de datos catastrales, incluso de algunos que en realidad son gratuitos. Curiosamente, los investigadores aseguran haber detectado que a las personas del entorno del principal acusado no se les cobraba.

Cerca de 200 operaciones entre 2010 y 2011

Los dos funcionarios a los que la Guardia Civil considera integrantes de una presunta organización criminal que operaba en el Catastro provincial desde hace al menos un decenio coinciden en cerca de 200 operaciones en apenas dos años, concretamente entre 2010 y 2011, según fuentes cercanas a la investigación de este caso, que ya originó una redada en las oficinas de la capital tinerfeña que se practicó en junio de 2014.

Hay que tener en cuenta que uno de esos funcionarios no tiene competencias en la tramitación administrativa, ya que es un responsable informático, mientras que el otro es una jefa de área que presuntamente intervino en otras ajenas a su trabajo. Es decir, que siendo responsable de una zona determinada habría actuado en otra, siempre según la versión de los investigadores. Que las sospechas se dirijan sobre semejante volumen de operaciones y el intervalo de tiempo que se maneja, no inferior a un decenio, da idea de la magnitud del proceso en curso.