La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife tiene fijada para la semana que viene la celebración de un juicio por unos hechos que tuvieron lugar entre 1990 y 1997, tal y como consta en la relación de las vistas orales facilitada por el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y el escrito de conclusiones provisionales sobre este asunto emitido desde la Fiscalía provincial.

Por si fuera poco semejante demora (felizmente, ya rara avis en una provincia que llegó a batir todo tipo de plusmarcas en ese sentido), dicho escrito de conclusiones rechaza la posibilidad de que los hechos en cuestión sean constitutivos de ilícito penal alguno, por lo que lo normal es que se proceda a la absolución de los siete acusados. Eso sí, tal solución para el caso llega demasiado tarde desde la perspectiva del erario público, teniendo en cuenta el dispendio en 17 años de tramitación, tanto económico como en el tiempo empleado por los funcionarios públicos.

Hasta ocho años de cárcel
Aunque el fiscal ya no aprecia delito alguno, la acusación originaria contra los siete afectados era por un delito de estafa, y las penas solicitadas eran en un principio de ocho años de prisión en alguno de los casos.

El relato de los hechos pasa por la existencia de una cooperativa de vivienda que decide triplicar el sueldo de su gerente y le paga con la cesión de dos locales comerciales a pesar de que el valor de los mismos es muy superior a lo acordado por el Consejo Rector.