Con déficit y siendo el segundo más caro de toda la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Esas son las conclusiones que sobre Puerto de la Cruz establece el último informe publicado por el portal de Información Económica Local (Sielocal) respecto al coste del servicio de recogida, eliminación y tratamiento de residuos de los distintos municipios de Canarias.
En dicho documento, con datos de 2012, en la ciudad turística se cifra un coste anual por habitante de 183,41 euros, solo por detrás de Arona (235,55) y por encima incluso de la capital tinerfeña (158,17). Ello, a pesar de que el ingreso anual por habitante se sitúa en 82,53 euros, por encima del ingreso medio de la provincia tinerfeña, que es de 65,13 euros.
Se da la circunstancia, y siempre según los datos recogidos por Sielocal, que el Consistorio portuense gastó 5,9 millones de euros en la recogida, eliminación y tratamiento de los residuos, pero solo ingresó 2,7 millones de euros. Ello lo sitúa entre las localidades con mayor déficit del Archipiélago, muy por encima de la media registrada en las Islas, a pesar de ser uno de los municipios con más contenedores por habitante (888 en total, en una proporción de 86 habitantes por contenedor). Según denuncian colectivos vecinales y la oposición en el Consistorio, aunque en 2011 se aprobó una subida del 60% en la tasa de recogida domiciliaria, que suponía un incremento de 37 euros respecto a la tarifa anterior
-la nueva tarifa son 98,94 euros por vivienda-, lo cierto es que la falta de limpieza en muchos barrios sigue siendo un problema latente.
Las mismas fuentes recuerdan que el Ayuntamiento aprobó a finales de 2013 una rebaja del 30% del canon a la concesionaria, una modificación que según el Gobierno de CC-PP “no afectaría” a la prestación. Sin embargo, las cifras y la actual situación de algunos puntos de la ciudad dan la razón a los empleados de la empresa, que advirtieron de las consecuencias de la supresión de rutas, brigadas para los domingos y festivos y de determinados servicios, como el barrido manual. Así estaba además recogido en un informe técnico firmado por el entonces encargado general del servicio y la ingeniera industrial municipal, fechado en septiembre de 2012.