La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) instruye una reclamación de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (Ascav) contra el decreto del Gobierno canario que regula esta modalidad turística pero la prohíbe en suelo turístico o turístico-residencial, lo que deja en la ilegalidad al 90% de las 53.000 viviendas vacacionales en el Archipiélago. Dicha comisión ha citado a Ascav para el 7 diciembre próximo a una reunión para abordar la denuncia presentada ante este organismo estatal que vela por la libre competencia.
Así lo anunció ayer la presidenta de Ascav, Doris Borrego, quien, secundada en una rueda de prensa por otras entidades empresariales y profesionales y partidos, reclamó la suspensión o modificación “urgente” del decreto. Antes de este acto, Ascav se reunió con el grupo parlamentario de CC, que asumió el compromiso prelectoral de Fernando Clavijo para corregir esta normativa. El Grupo Nacionalista remitió ayer una nota en la que consideró el alquiler vacacional “como una oferta más dentro de las distintas modalidades turísticas que debe cumplir los requisitos de calidad y fiscalidad correspondientes, con independencia del tipo de suelo sobre el que se asiente”.
El presidente de la Asociación Casitas La Palma confesó que se sienten “defraudados” y que el decreto fue “un vil engaño. La presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas, Carmen Suárez, indicó que esta normativa “vulnera el libre ejercicio” de estos profesionales. Por parte del Colegio de Profesionales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, Jesús Samaniego acusó al Ejecutivo anterior de “decretar en claro beneficio de un sector, vulnerando la libre competencia”. El presidente de la Asociación de Empresarios de Adeje, Jordi Esplugas, lamentó que los “lobbys hayan logrado un decreto bastante injusto” para una “oferta complementaria” a la hotelera, y que atrae a turistas “que gastan más dinero en el destino”. En igual sentido se expresó Víctor Sánchez, presidente de la Asociación de Empresarios de Playa de Las Américas.
Desde la Federación de Autónomos, Antonio González acusó al anterior Ejecutivo de “ir en contra del sentido común y coartar la libertad de empresa”. El arquitecto y colaborador de la Ascav Hugo Luengo tachó el decreto de “monstruo administrativo” e instó a que el nuevo Gobierno “recupere la cordura con una actividad lícita” en “plena época de liberalización de servicios”. Ismael Humberto, abogado de inversores italianos, criticó la “incertidumbre” para las inversiones. Mariano Cejas, del partido Ciudadanos (C’s), alegó que “no se puede ir contra la liberalización económica” en una actividad que además generará ingresos a las arcas públicas. Y Atilano Sastre, de UpyD, pidió una regulación “justa” pues “el turismo es de todos”.